Lo que comenzó como un gesto de buena fe para que un niño de dos años compartiera vacaciones con su padre, se ha convertido en una batalla legal en donde la madre del menor ha denunciado presuntas irregularidades procesales, violencia institucional y abuso de autoridad por parte de una funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La denunciante de este caso es Melissa Rodríguez, una mujer de 29 años, quien el pasado 26 de noviembre de 2025 accedió a que su hijo, Lucca, viajara a la ciudad de Santa Marta bajo el acuerdo de que regresaría el 30 de diciembre para celebrar el fin de año en Medellín.
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Sin embargo, Jorge Gonzálezrubio, padre del niño con quien Melissa ya había terminado su relación sentimental por un presunto episodio de agresión física y maltrato sicológico, cambió de forma unilateral el tiquete de regreso para el 20 de enero de 2026, según la denuncia.
Ante la exigencia de Gonzálezrubio de devolver al menor únicamente con una orden judicial, Melissa viajó a Santa Marta el 29 de diciembre con el objetivo de recuperar a su hijo. Con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, llegó hasta la portería del conjunto residencial del padre.
En la capital del Magdalena, Melissa vivió lo que describió en conversación con EL COLOMBIANO como la “peor humillación”. Mientras sostenía una maleta y un muñeco de Spider-Man para su hijo, solo se le permitió verlo a través de una videollamada estando a pocos metros de él, ya que el padre se habría negado a permitir el contacto físico.
Rodríguez ya había denunciado a Jorge Gonzálezrubio por presunto ejercicio arbitrario de la custodia. Al agravante de que se le impidiera ver a Lucca, acudió al Centro Zonal 01 del ICBF de Santa Marta.
En ese punto fue atendida por la funcionaria Jessica Núñez. Lo que parecía ser una ruta para que Melissa pudiera reencontrarse con su hijo, se convertiría en un proceso con algunas irregularidades.
Graves denuncias contra la Defensora del ICBF
Para Melissa, desde su primer encuentro con Núñez el 29 de diciembre, la defensora la revictimizó diciéndole que “el problema era suyo por haber dejado ir al niño sabiendo cómo era el papá”. Además, la funcionaria habría descalificado al abogado de Melissa y le prohibió su ingreso a la audiencia de conciliación.
Rodríguez le relató a este medio que la defensora desestimó los acuerdos previos por WhatsApp alegando que no tenían validez por no ser documentos firmados. Tampoco valoró la medida de protección vigente a favor de Melissa ni las denuncias de violencia física contra el padre, las cuales fueron interpuestas luego de que la mujer de 29 años superara el miedo a lo que ella consideró dos años de maltrato.
Ante la funcionaria de Bienestar Familiar, Melissa presentó chats fechados el 24 de noviembre de 2025, donde constaba el acuerdo por escrito sobre las fechas en las que el niño debía estar con su padre.
También aportó la evidencia del tiquete aéreo comprado para el 30 de diciembre, con el fin de probar que existía una fecha de retorno establecida que fue modificada unilateralmente para el 20 de enero de 2026.
A estas acciones, Melissa denunció que nunca fue notificada formalmente para la audiencia del 2 de enero, por lo que esta se habría ejecutado de forma irregular. Posteriormente, el 5 de enero, recibió una llamada de un número oculto enviándole el link apenas 10 minutos antes de la diligencia.
En esa audiencia del 5 de enero, Núñez no habría indagado sobre los ingresos reales de los padres, la escolaridad del niño en Medellín y su arraigo emocional y social en dicha ciudad.
Ese evento tuvo como respuesta final la Resolución No. 014 emitida el 15 de enero de 2026 donde la defensora Núñez otorgó la custodia provisional al padre.
Según se explica en documentos conocidos por EL COLOMBIANO, la decisión fue sustentada en que el niño ya se encontraba bajo el cuidado del padre debido a las vacaciones, algo que para su madre ignoraría el arraigo del menor y su vida social y familiar en Medellín.
Además, la resolución fijó una cuota alimentaria de $2.000.000 a cargo de la madre, una cifra que Melissa considera arbitraria ya que se determinó bajo una “presunción legal” sin investigar sus ingresos reales ni los gastos detallados que ella presentó en la audiencia, los cuales ascendían a más de 4.6 millones de pesos.
Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía, pues la madre de Lucca interpuso una denuncia penal por el delito de prevaricato por acción contra la funcionaria del ICBF.
Melissa le explicó a este medio que el sistema no protegió el interés superior del niño y que su hijo manifiesta constantemente la necesidad de estar con ella.
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