El Tribunal Administrativo de Antioquia estaría a las puertas de abrir un incidente por desacato en contra de varios altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, por cuenta de las millonarias deudas que tienen contra las cuerdas a los hospitales de Medellín y el país.
A través de un auto que se conoció este miércoles, esa corporación le dio un plazo de máximo dos días al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el superintendente de Salud, Bernardo Camacho y a los interventores de varias EPS para que rindan cuentas de las acciones que estarían tomando para resolver esa crisis, así como a los gerentes para que salden de inmediato esas deudas.
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“Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa y dar cumplimiento a lo preceptuado en la norma ut supra, el Despacho requiere a las accionadas, para que, en un término de dos días contados a partir de la notificación de la presente providencia, informen el correo personal institucional de los funcionarios responsables de dar cumplimiento a lo ordenado en la medida cautelar decretada”, exigió el tribunal.
En el auto también aparecen relacionados los interventores de Nueva EPS, Savia Salud, Coosalud y el director general de la Administradora de los Recursos de la Salud (Adres), Félix León Martínez.
Deudas disparadas y vulneración de derechos: los argumentos de la acción popular
El requerimiento del tribunal aparece luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, interpusiera una acción popular en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, argumentando que por culpa de su manejo del sistema de salud y la gestión de las EPS que han quedado bajo control de la Superintendencia de Salud se estaba vulnerando el derecho fundamental a la salud de millones de pacientes en Medellín y Colombia.
El recurso fue anunciado públicamente el 29 de mayo de 2025, cuando Gutiérrez denunció que muchos hospitales de la ciudad, incluyendo los de la órbita del Distrito, estaban recibiendo pagos por apenas el 6% de los servicios que prestaban a las EPS, quedando en una situación de iliquidez insostenible.
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“Solo en Medellín, 62 de cada 100 colombianos, de lo que tenemos acá, están afiliados a EPS ya intervenidas, como Savia Salud, Sanitas, Nueva EPS y Coosalud”, alertó entonces Gutiérrez, señalado que los problemas administrativos de esas EPS intervenidas explicaban en gran medida la fuerte congestión de las salas de urgencias en Medellín y Antioquia.
“¿Eso era lo que querían? O solo querían sembrar caos y generar una grave crisis en el sistema de salud. Para mejorar el sistema de salud en Colombia no había que destruirlo”, dijo.
La principal pretensión de la acción era que las EPS saldaran sus deudas con los hospitales y que los valores de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fueran acordes a las necesidades del sistema de salud.
“Exigimos que el giro directo sea completo, oportuno y sin excusas. La plata tiene que llegar rápido a donde está el paciente. Que cumplan con la actualización de la UPC y los saldos que vienen desde 2021. La Corte Constitucional ya les dio la orden, la pregunta es ¿qué están esperando para cumplir?”, expresó.
A comienzos de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, además de admitir el proceso, decretó varias medidas cautelares, entre ellas que la Adres, la Supersalud y las EPS intervenidas se pusieran al día con sus deudas con la red hospitalaria.
El plazo dado entonces por el tribunal era que la cartera debidamente acreditada estuviera al día en un plazo no mayor a 30 días.
A pesar de esa orden, el panorama continuó empeorando.
En contexto: “Es la peor crisis que hemos vivido y lo peor es que es premeditada”: secretaria de Salud de Antioquia
Tan solo a comienzos de ese año, la Secretaría de Salud de Antioquia denunció que tanto la red pública como la privada tenían un hueco de $8 billones correspondientes a deudas de EPS, $4,9 billones correspondientes a las EPS intervenidas.
Con corte a septiembre de 2025, mientras la Nueva EPS debía $3,1 billones, Savia Salud debía $1,4 billones y Coosalud $395.000 millones.
“Es la peor crisis que hayamos podido vivir en el sector, pero lo más lamentable es que es premeditada. Era conocida la intencionalidad (del Gobierno Nacional) de asfixiar las finanzas para justificar una crisis y una reforma poco consensuada. Si bien el sector salud por diferentes periodos ha tenido crisis, la iliquidez en la que ahora están los hospitales es inmensa. Y se ha agudizado en los últimos 4 meses”, señaló entonces la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, quien señaló que desde 2023 el crecimiento de la cartera había experimentado una escalada sin precedentes.
En medio de esa controversia, el ministro de Salud y otros funcionarios del gobierno no han querido aceptar esos señalamientos, insistiendo en que los pagos se estarían efectuando con normalidad a las IPS y que la crisis de ese sector sería producto de supuestas prácticas corruptas.
Al margen de esos choques, lo cierto es que el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que, a poco de cumplirse un año del inicio de esa acción popular, el Gobierno Nacional no estaría cumpliendo con lo exigido.
Según quedó plasmado en el auto, los funcionarios involucrados tendrán un plazo de dos días para demostrar su cumplimiento de lo ordenado por la justicia y, en caso de no ser así, quedarán inmersos en un incidente por desacato.
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