Los gestores educativos que hoy están en el centro de la polémica en Medellín a raíz de las denuncias acerca del presunto cobro de coimas para su contratación, representan también un rol apetecido en las comunas de Medellín.
Esta figura de la que poco se habla es parte de la discusión pública desde el pasado domingo, cuando el trabajador social José David Medina, quien se había desempeñado como gestor y aspiraba a una nueva vinculación, denunció que el coordinador de este programa en la comuna 7 (Robledo) le estaba cobrando por engancharlo.
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Medina aseguró que el 6 de enero recibió la llamada de Hugo Alejandro Barrera Gómez, citándolo en la farmacia del barrio El Cortijo y allí le habría dicho que era necesario que pagara $200.000 mensuales durante los diez meses que dura el contrato, es decir dos millones de pesos en total.
Luego, EL COLOMBIANO conoció de otras cuatro personas que se quejaron ante una edil de la JAL de la comuna 7: dos por presunto direccionamiento del proceso de selección de los gestores educativos y otros dos también por exigencias económicas similares a las hechas a Medina.
Barrera sacó este martes un comunicado en el que descalificó los “señalamientos anónimos” y negó haber realizado cobros. Además, invitó a que quien se crea víctima de conductas irregulares “acuda a los “mecanismos formales de denuncia”.
Ya este medio de comunicación había denunciado a principios de 2024 las maniobras clientelistas y amiguistas que estarían rondando la elección de los gestores educativos. En aquella ocasión fue con relación a la comuna 6 (Doce de Octubre).
Sin embargo, en ambos casos la entidad contratante es el mismo Colegio Mayor.
¿Pero qué hacen los gestores? Esta son personas de las mismas comunas, generalmente jóvenes, que actúan como especies de tutores y, en ese sentido, se encargan de hacer seguimiento a los alumnos que estudian becados con recursos del Presupuesto Participativo (PP) en el ITM, la Institución Universitaria Pascual Bravo y el Colegio Mayor.
Acá hay que hacer un alto y recordar que el Presupuesto Participativo es una asignación equivalente al 5 % del presupuesto de inversión de la ciudad con el fin de que las mismas comunidades definan en qué se invierte, o sea casi medio billón de pesos en 2026.
Un gestor social recibe honorarios mensuales por $2,7 millones, pero al sacar las prestaciones sociales queda más o menos en $2,2 millones, que no son mucho pero resultan apetecibles para cualquier joven de las barriadas.
Fuera de eso, el horario es flexible y permite dedicarse a otras actividades, según comentó alguien que ejerció este trabajo. De ahí que muchos estén dispuestos a aceptar ser víctimas de los cobros ilegales con tal de entrar a ese selecto “club”.
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En la última convocatoria se presentaron 934 aspirantes para elegir a 169 gestores educativos en las comunas 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique), 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre), 7 (Robledo), 9 (Buenos Aires) y 13 (San Javier) lo mismo que en el corregimiento San Cristóbal.
Hasta el año pasado solo se necesitaba ser bachiller para ser gestor, pero según le dijo el Colegio Mayor a EL COLOMBIANO, después de que se hicieron las denuncias en años previos, entre los ajustes incluyeron exigir más que el bachillerato a los aspirantes. Hoy pueden optar para ejercer ese rol tecnólogos o estudiantes de alguna carrera relacionada con educación o ciencias sociales. Sin embargo, muchos son graduados y hasta tienen posgrado.
Se supone que la selección es meritocrática, siendo uno de los puntos centrales un examen; sin embargo la confiabilidad de este proceso ha entrado en cuestionamiento con los hechos sucedidos en los que, de acuerdo con el testimonio de Medina, el coordinador Barrera, siendo un agente externo al Colegio Mayor, al parecer conocía los resultados de los exámenes o hasta habría podido influir en la calificación de los aspirantes. Ello sugeriría que no actuaba solo.
Ante la pregunta al respecto, el Colegio Mayor contestó: “La institución no tiene información ni evidencia que permita confirmar la afirmación según la cual Hugo Alejandro Barrera hubiera tenido conocimiento previo y cierto de personas que serían contratadas, antes de las notificaciones oficiales”. Aún así, indicó que puso este asunto en manos de la Fiscalía para que investigue.
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