La Fiscalía General de la Nación avanza en una delicada investigación que podría destapar un presunto escándalo de corrupción en Afinia, la filial de EPM en la Costa Caribe, salpicando directamente al exalcalde de Medellín y hoy precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Daniel Quintero Calle.
Desde mayo del año pasado el alcalde Federico Gutiérrez había denunciado que durante la administración de Quintero habría habido reuniones entre funcionarios públicos del más alto nivel, en representación de Quintero, y controvertidos empresarios para “vender de manera ilegal la gerencia y los negocios de Afinia por 8 millones de dólares”.
Pues bien, con base en fuentes judiciales, el diario El Tiempo acaba de revelar que la Fiscalía está recopilando información para determinar si el exalcalde de Medellín habría incurrido en tráfico de influencias para presionar el nombramiento de Javier Lastra en la gerencia de Afinia durante su administración.
Según reveló ese diario, la prueba clave que tiene la Fiscalía es un chat entre Daniel Quintero y Mónica Ruiz Arbeláez, quien para la época era vicepresidente de Estrategia y Planeación de EPM y gerente encargada (2021-2022).
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Ruiz Arbeláez ha rendido dos testimonios bajo juramento ante el ente acusador, ratificando que el entonces alcalde Quintero le dio la instrucción de designar a Javier Lastra como gerente de Afinia.
A pesar de que ella le explicó a Quintero que legalmente la potestad de nombrar al gerente recaía en la junta de Afinia y que se debía seguir un proceso de selección que incluyera a la entonces gerente Blanca Liliana Ruiz, quien venía realizando una buena labor, la directriz de Quintero habría sido clara: Lastra “debía quedar sí o sí”, y el mismo 29 de marzo de 2021, Quintero le envió vía WhatsApp la hoja de vida de Lastra.
La investigación también ha tomado en cuenta una auditoría forense realizada a Afinia por la consultora Control Risks, a solicitud del Grupo EPM. Este informe, de carácter reservado, detalla “irregularidades en la gestión de procesos contractuales por $723.000 millones, beneficios irregulares a terceros, omisión de conflictos de interés y deficiencias en la gestión financiera y en la de riesgo corporativo”. Estos hallazgos, según Control Risks, tuvieron impactos negativos significativos para Afinia y EPM, incluyendo perjuicios financieros, legales, operacionales, reputacionales y éticos.
Conexión con Emilio Tapia
Estas revelaciones se suman a una serie de denuncias previas que han venido siendo investigadas. El pasado 6 de mayo de 2024, el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destapó públicamente un testimonio inédito que ya había entregado a la Fiscalía el 2 de mayo. Según Gutiérrez, un ciudadano testigo le manifestó que “la gerencia y negocios de Afinia fueron vendidos de manera ilegal por Daniel Quintero a un excongresista cuestionado por un valor de 8 millones de dólares”.
El testigo señaló que esta presunta trama corrupta se habría gestado en reuniones en un restaurante de El Poblado, ubicado en la Avenida Las Palmas con la Transversal Inferior, así como en clubes de Medellín (como el Club Unión y San Carbón) y Barranquilla. En estos encuentros, se habrían discutido mecanismos para direccionar contratos y el cobro de coimas. La denuncia de Gutiérrez es contundente: “El criterio técnico, al parecer, fueron 8 millones de dólares”.
Un nombre que resuena con fuerza en este contexto es el de Emilio Tapia, protagonista del sonado “carrusel de la contratación de Bogotá” y hasta hace poco detenido por el escándalo de Centros Poblados. Fuentes de la investigación indican que Tapia habría sido una figura clave en la estructuración de este negocio en Afinia, e incluso se le describe como el “jefe indirecto” del entonces gerente de EPM, Jorge Carrillo. De hecho, hay un chat entre Tapia y el testigo que hizo la denuncia en el que el empresario celebra el nombramiento de Lastra en agosto del 2021.
“Ya quedó notificado tu pupilo. Nombrado”, escribe Tapia en el chat, refiriéndose a Lastra.
Otros nombres mencionados en las denuncias incluyen al excongresista William Ortega, quien supuestamente dispuso que Lastra asumiera la gerencia y que, según IFMNOTICIAS, su hijo Sebastián Ortega se presentó en una reunión como el ”dueño de la franquicia de Afinia”.
También se ha señalado la participación de empresarios venezolanos como Juan Biord Pereda y Eduardo Rodríguez Hernández (“Lalo”), quienes habrían aportado el dinero para la adquisición de la “franquicia”. Por su parte, el exsecretario de Gobierno Esteban Restrepo también figura en los testimonios como participante en reuniones donde se confirmaba el rol de Biord como representante de los “dueños” de la franquicia.
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Las defensas de los señalados
Tanto Daniel Quintero como Javier Lastra han negado cualquier irregularidad. Santiago Trespalacios, apoderado de Quintero, le dijo a El Tiempo que según Quintero el procedimiento se ajustó a la ley para abastecer el servicio de energía en la Costa. Además, afirmó que la Fiscalía no los ha notificado sobre el tema Afinia.
Por su parte, el abogado de Javier Lastra, Andrés Garzón, ha sostenido que su nombramiento fue producto de un proceso de selección llevado a cabo por una empresa “cazatalentos”, Aristos Stanton Chase, y que Lastra pasó todos los filtros y pruebas, sin injerencia política. Sin embargo, Garzón aclaró que fue Jorge Carrillo, entonces miembro de la junta de EPM y luego presidente de la entidad nombrado por Quintero, quien solicitó inicialmente la hoja de vida de Lastra. Lastra también niega haber cometido irregularidades durante su gestión y dice tener sus propios estudios y auditorías que respaldan su actuación.
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