Mientras la Gobernación realiza masivas movilizaciones en las subregiones, la Alcaldía de Medellín reporta un aumento del 1.100% en capturas y celebra las condenas históricas contra turistas extranjeros.
Este martes, 23 de septiembre, en el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), Medellín y Antioquia unieron esfuerzos institucionales y comunitarios para enviar un mensaje contundente de cero tolerancia contra este flagelo. Las autoridades del Distrito y del departamento reiteraron el llamado a la corresponsabilidad ciudadana y a la denuncia oportuna para proteger a la niñez.
La Gobernación de Antioquia y las alcaldías municipales lideraron una gran movilización de la campaña “Antioquia Nos Protege”. Más de 5.000 personas participaron en nueve subregiones del departamento, buscando sensibilizar a la ciudadanía sobre este delito que afecta gravemente la vida de los menores.
La jornada se desarrolló de manera simultánea en nueve municipios clave, contando con la participación de instituciones educativas, la Policía Nacional, la Fiscalía Seccional, y actores de sectores cruciales como el turístico, el comercial y el de transporte.
Tatiana Ramírez, directora de Infancia, Adolescencia y Familia de la Gobernación de Antioquia, destacó la importancia de escuchar en casa a los hijos y generar vínculos con los niños, además de enseñar a denunciar y saber qué acciones tomar.
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Entre las actividades realizadas se destacan recorridos con mensajes pedagógicos en Guatapé y Apartadó, sensibilizaciones educativas en Amalfi, talleres con mototaxistas y transportadores en Valdivia, y la representación pedagógica “La habitación del terror” en Jericó, que buscó ilustrar la dificultad de salir de las redes de explotación sexual.
De acuerdo con la Gobernación, la campaña “Antioquia Nos Protege” articula el trabajo con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, los municipios y más de 50 actores del sector turístico y de viajes, reafirmando que la protección de los niños y adolescentes es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad civil y la ciudadanía.
Desde el Distrito de Medellín, las cifras de seguridad reflejan un aumento en la lucha contra este mal. La Alcaldía ha informado que entre 2024 y el primer semestre de 2025, las capturas de delincuentes dedicados a la explotación sexual aumentaron en un 1.100 %.
En este periodo, la Administración Distrital ha reportado 57 detenciones específicas por explotación sexual, 317 por otros delitos sexuales y 73 inadmisibilidades migratorias. Además, se han efectuado más de 1.800 acciones de vigilancia, suspensiones y cierres de establecimientos por conductas relacionadas con este flagelo.
El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, fue enfático al declarar que: “Desde Medellín seguimos enviando un mensaje totalmente claro: no vamos a permitir que estructuras criminales atenten contra nuestra niñez y adolescencia”.
La estrategia se apoya en la creación del Grupo Especializado contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas (GESET), y en la articulación internacional con entidades como la Embajada de Estados Unidos y Homeland Security Investigations (HSI).
Gracias a estos esfuerzos conjuntos, Medellín ha pasado de la “invisibilidad a la acción decidida”, logrando judicializar responsables en Colombia y en el exterior. Un ejemplo de la efectividad de la colaboración internacional es la cadena perpetua impuesta en Estados Unidos en junio de 2025 a Stefan Andrés Correa por el abuso de más de 50 niñas.
La secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez, subrayó la importancia de la prevención y la denuncia: “No queremos que sigan siendo instrumentalizados; por eso invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de vulneración”.
Entre 2024 y 2025, cerca de 169 menores han recibido atención para el restablecimiento de sus derechos, y se han activado más de 1.600 rutas integrales en salud, protección y justicia.
Pese a que las autoridades de Medellín han intensificado operativos, la cruda realidad que se vive noche a noche en el Parque Lleras, evidencia que los esfuerzos judiciales y la presencia de autoridad aún son insuficientes para desmantelar por completo este flagelo.
La zona se ha transformado en un ”burdel a cielo abierto”, donde decenas de hombres extranjeros, jóvenes y viejos, van a ver desfilar mujeres con poquísima ropa para ofrecerles dinero a cambio de sexo.
Este comercio de sexo y explotación, degradación y prostitución ocurre a la vista de todos, policías, funcionarios de la alcaldía, familias, vecinos, transeúntes y comerciantes.
Asimismo, las acciones se ven minadas por decisiones judiciales como la reciente liberación de dos hombres (uno colombiano y uno estadounidense) capturados en Laureles por explotación sexual de dos menores (de 14 y 17 años), a quienes un juez dejó en libertad argumentando una supuesta ”falta de flagrancia”, pese a los testimonios de las menores y la evidencia.
Y es que la ofensiva de las autoridades ha puesto el foco en el turismo sexual y la explotación de menores por parte de extranjeros.
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Recientemente, la justicia de Estados Unidos declaró culpable a otro turista, Michael J. Inofuentes, por tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en el extranjero, por el abuso de una adolescente de 15 años en Medellín. La pena podría oscilar entre 10 años de prisión y la cadena perpetua. Este caso fue rastreado en medio de las pesquisas conjuntas iniciadas a comienzos de 2024, que incluyeron la creación de la lista AngelWatch.
En Medellín, la Policía y HSI detuvieron al ciudadano estadounidense Stephen Paul Mueller por demanda de explotación sexual comercial de menores. Mueller, quien habría ingresado al país al menos 33 veces, es investigado por contactar víctimas a través de redes sociales, ofreciendo dinero a cambio de encuentros sexuales en apartamentos arrendados de la ciudad. En lo corrido de 2025, la Policía Nacional ha capturado a 1.997 personas por abuso sexual infantil.
Para evitar el ingreso de potenciales explotadores, Migración Colombia intensificó la estrategia “Task Force”. Solo en lo que va de 2025, 75 extranjeros han sido inadmitidos. La herramienta clave es la base de datos Angel Watch, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), que alerta sobre personas condenadas por delitos sexuales.
La lucha contra la explotación requiere que la ciudadanía esté alerta, no normalice estas acciones cotidianas y denuncie a tiempo. El Distrito ha sido enfático en que la prioridad es la protección de los niños, niñas y adolescentes.
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