En el informe de Semana, cinco generales activos y tres en retiro testificaron que Zuleta, junto a su hermana Lina y su asesor Johan Edisson Giraldo, contactaban directamente a los mandos para detener combates en tiempo real.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 17 de julio de 2023 en Ituango. Mientras el Ejército combatía contra disidencias de las Farc, la senadora habría llamado a exigir el cese al fuego argumentando que se atacaba a “mineros”. Sin embargo, los oficiales en terreno reportaron que dichos “mineros” estaban uniformados, armados y tenían menores de edad en sus filas.
Pero la interferencia no se limitó a la supuesta defensa de la minería ilegal en el Bajo Cauca. Los tentáculos de estas presiones habrían llegado al corazón de Medellín, directamente a “La Oficina”. Según los testimonios, Zuleta buscó a altos mandos de la Policía para manifestar su preocupación por los operativos contra alias “Yordi” y la banda La Terraza, alegando que estas acciones policiales “afectarían la mesa de diálogo de la cárcel de Itagüí”.
Esta revelación de los generales valida la denuncia que el alcalde Federico Gutiérrez hizo pública en junio de 2025. En aquel momento, el mandatario local aseguró tener información de que personas designadas por el gobierno Petro en la mesa de paz trataron de interceder ante la Fuerza Pública para evitar la captura de Juan Pablo Taborda, alias “Yordi”, uno de los presuntos cabecillas de La Terraza.
El contexto de esa captura es clave. Alias “Yordi” fue detenido el 9 de junio de 2025 en un operativo que también apuntaba a las finanzas y familiares de alias “Douglas”, jefe histórico de La Oficina y vocero principal de la mesa de paz en Itagüí. Aunque un juez dejó en libertad a “Yordi” días después por considerar que la Fiscalía no probó la necesidad de la medida de aseguramiento, el proceso por lavado de activos continúa.
Lo inquietante, según fuentes de inteligencia, fue la reacción desde la cárcel. Alias “Douglas” se habría mostrado “descompuesto” y furioso al enterarse de que la justicia iba tras su hijo y su exesposa, amenazando con que “volaría mierda al zarzo” si se tocaba a su familia. Fue en ese escenario de tensión donde, según los generales y el alcalde Gutiérrez, se activaron las presiones políticas para frenar el actuar de la Policía, bajo la premisa de no entorpecer los diálogos.
“Yo tengo información de que personas nombradas por Petro en la Mesa de Itagüí trataron de interceder ante la Fuerza Pública antes de la captura, que para que no la realizaran”, dijo el alcalde Gutiérrez en junio, en una entrevista radial.
Puede leer: Alias Yordi quedó en libertad: juez no aceptó enviar a la cárcel a presunto cabecilla de La Terraza
Zuleta ha intentado hacer que el alcalde recule de eso, pero no ha podido: interpuso una acción de tutela exigiendo una retractación, alegando vulneración a su honra y buen nombre.
No obstante, el Juzgado 62 del Circuito de Bogotá confirmó en segunda instancia la improcedencia de la tutela. El fallo determinó que las declaraciones del Alcalde se enmarcan en un “debate político” legítimo sobre asuntos de interés público y seguridad. El juez consideró que no se probó un perjuicio irremediable ni amenazas directas derivadas de las palabras del mandatario, sugiriendo que si la senadora se siente calumniada debe acudir a la vía penal ordinaria y no al mecanismo de tutela.
Este fallo judicial refuerza la versión de que las denuncias sobre las amistades peligrosas de la Paz Total no son chismes de pasillo sino cuestionamientos institucionales válidos que ahora encuentran eco en los testimonios de la cúpula militar.
El trasfondo de estas presiones es el empoderamiento que han tenido los cabecillas de las bandas bajo la figura de gestores o voceros de paz. El punto de quiebre fue el evento del 21 de junio en La Alpujarra, conocido como el “tarimazo”. Allí, el presidente Gustavo Petro compartió escenario con nueve jefes criminales, entre ellos alias “Douglas”, “Tom” y “Carlos Pesebre”, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí para el evento.
Tras ese acto, el Consejo de Estado ya admitió una demanda de pérdida de investidura contra la senadora por presunta extralimitación de funciones al tramitar estos permisos sin la autorización de un juez competente.
Frente a la avalancha de pruebas y testimonios, la senadora Isabel Zuleta no ha negado sus contactos con la Fuerza Pública, pero les ha dado otro matiz. En redes sociales la congresista aseguró que su labor se limita a la defensa de los derechos humanos y al cumplimiento del principio de distinción en el conflicto.
“Están molestos porque hoy soy senadora y no solo les exijo como ciudadana, sino que les puedo hacer un debate de control político como se lo anuncié a la Policía”, escribió.
Regístrate al newsletter