Los trabajos para resolver la crisis de infraestructura por la que atraviesan los colegios de Medellín y que quedaron en el limbo en el gobierno pasado comenzaron a salir a flote.
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En medio del proceso de saneamiento que avanza en la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad a cargo de los contratos y que este año extremó los controles a los constructores que arrastraban líos y retrasos, desde la Alcaldía se informó que con corte a este mes ya se han logrado culminar por lo menos 112 intervenciones.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación, de un paquete de 187 establecimientos educativos intervenidos con recursos provenientes de vigencias futuras, ninguno entregado a satisfacción en 2023 y todos con un retraso general del 77%, aún hay pendientes por terminar obras en otros 75 colegios.
“Nosotros recibimos la ciudad con el 95 % de la infraestructura educativa con serios problemas”, recordó el alcalde Federico Gutiérrez durante el más reciente balance entregado este mes, en el que se señaló que dentro de los colegios entregados están el Jesús María Valle, El Pinal, Villa Turbay, Mariscal Robledo, Antonio Derka, Progresar, Fe y Alegría, San José, Jorge Robledo, Aures, entre muchos otros.
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La crisis por la que atraviesan la mayor parte de los 419 colegios públicos que tiene Medellín, en los que estudian aproximadamente 311.678 alumnos, salió a la luz en 2022, luego de que tras la pandemia múltiples estudiantes, profesores y padres de familia denunciaran que en muchas instituciones se estaban cayendo a pedazos.
Desde la misma secretaría de Educación de Medellín, que en aquel entonces fue cuestionada por no tener incorporado en su presupuesto recursos para enfrentar esa crisis, se calculó que 9 de cada 10 colegios tenían algún problema.
De un total de 392 colegios incluidos en un diagnóstico (correspondientes a ese 95%), el Distrito señaló que 362 necesitaban mantenimiento general, 32 mantenimiento integral y 3 restituciones parciales.
Si bien toda la ciudad estaba en cifras rojas, en aquellos diagnósticos preocupó especialmente la situación de las comunas 3 (Manrique), 13 (San Javier) y 8 (Villa Hermosa).
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A raíz de la falta de presupuesto, la Alcaldía le pidió autorización al Concejo de Medellín para comprometer recursos provenientes de vigencias futuras calculados en $319.047 millones, que luego fueron ampliados con otras adiciones presupuestales.
Pese a que el Concejo dio luz verde para esas obras buscando resolver la crisis, pronto comenzaron a aparecer denuncias de presuntos malos manejos, sobre todo por cuenta de un convenio interadministrativo firmado entre la Secretaría de Educación y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), en el que esta última aprovechó su modificado manual de contratación para empezar a entregar esas obras a dedo.
Desde el Concejo de Medellín se denunció por ejemplo a comienzos de 2023 que por lo menos 11 de las primeras obras ya se habían estructurado por el modelo de invitación privada, un señalamiento al que la entonces gerencia de EDU respondió argumentando que era legal por estar amparado en su manual de contratación.
Sin embargo, no sería hasta luego del cambio de gobierno, que la dimensión del problema se haría pública, luego de que en medio de su proceso de depuración interna la nueva gerencia de la EDU denunciara haber recibido esas obras con un retraso del 77% y que el total de contratos entregados a dedo no eran 11 sino 29.
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A manera de agravante, la entidad denunció que muchos de esos contratos ni siquiera habrían sido firmados con cláusulas penales, dejando muy poco margen de maniobra al Distrito a la hora de emprender reclamaciones.
Buscando revertir esa situación, la EDU y la Secretaría de Educación de Medellín lanzaron un plan de contingencia, en el que se iniciaron al menos 12 procesos de incumplimiento a contratistas a cargo de 132 sedes y se hicieron más estrictos los controles.
Como parte de ese proceso, la EDU aseguró a mediados de este año haber logrado reducir en un 42% los retrasos.
De acuerdo al más reciente reporte entregado por el alcalde Gutiérrez, el Distrito también avanza en la contratación de obras en otras 220 sedes pendientes y prepara otro paquete de intervenciones por $1,2 billones, que incluyen la construcción de espacios nuevos y el levantamiento de por lo menos seis megacolegios.
