El anuncio hecho a mediados de agosto por la Contraloría de Medellín en el sentido de que investigaría la manera como la Alcaldía de Medellín usa los llamados Fondos Fijos Reembolsables, en vez de tranquilizar, está causando el efecto contrario en sectores de la ciudad.
En ese momento estaba en boga el escándalo por los presuntos desmanes cometidos con el dinero de esa especie de caja menor que maneja la Secretaría Privada. Se trata de un bolsillo creado para sufragar los gastos del alcalde en ejercicio de su rol, aunque realmente se estarían gastando en antojos cotidianos como helados, empanadas, buñuelos, pero también en flores, comidas en los restaurantes más caros de la ciudad y hasta veterinarias. El gasto promedio mensual en el último año ha pasado de los $26 millones.
De hecho, la punta del iceberg del escándalo había sido una nota periodística sobre la reclamación por casi $20 millones del restaurante San Carbón a la administración por cuentas que no le habían pagado.
La indagación con respecto a los Fondos Fijos, en el ente de control municipal, la tiene en este momento el contralor auxiliar Uriel Gómez Grisales, quien ayer fue mencionado en una plenaria por el concejal Alfredo Ramos en un contexto no muy elogioso.
Ramos milita en el Centro Democrático y es férreo crítico de esta administración. En el caso de los Fondos Fijos, es uno de los que ha puesto el dedo en la llaga.
También, en el mismo recinto, el concejal Lucas Cañas informó que le hizo un derecho de petición a la Contraloría y que el 19 de septiembre le contestaron que están auditando los Fondos, de manera que los resultados saldrán en el informe de auditoría general que se presenta una vez al año.
No obstante, para Ramos es posible que quienes esperan que se señalen responsabilidades en este tema sufran un desaire porque, según dijo, de la Contraloría de Medellín no ha salido hasta ahora ningún fallo importante acerca de la administración distrital, a pesar de decenas de denuncias de ciudadanos y veedurías.
“Uno empieza a entender por qué a Daniel Quintero no lo tocan”, dijo Ramos, y luego explicó cómo pareciera que todo está dado con ese fin. Para comenzar, al frente del proceso específico de los Fondos Fijos Reembolsables hay alguien que no tendría experiencia en auditoría –Gómez Grisales-. Reveló que en requerimiento de información hecho por ese funcionario al secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, solo hace preguntas generales y pide la relación de los gastos.
“No pide facturas y cómo saber entonces si esos gastos se están haciendo bien o no, cuál es el respaldo que tienen las cuentas; ese no es un tipo de preguntas serias”, dijo.
El corporado indicó que no se trataría solo de un asunto de candidez sino de una fórmula repetida tanto en la Contraloría como en la Personería Distrital para archivar todas las investigaciones que se inician, por lo cual, apunta, no se justifica el gasto cercano a los $85.000 millones del erario que se van al año en esas dos entidades.
Y recalcó: “¿Dónde está la inspección a las facturas? No la han hecho ni la van a hacer, porque son cómplices, porque los que hacen las investigaciones, aparte de que son cuotas de concejales, muchos han trabajado en la presente administración”.
Sería el caso de Gómez Grisales. La hoja de vida, a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO, lo corroboraría. El documento en mención muestra que el funcionario es abogado con especialización en planificación territorial y gestión ambiental, además de que tiene una especialización en derecho comercial. Trabaja en la Contraloría de Medellín desde mayo de 2022 y acá ha pasado por cuatro roles en este corto periodo, hasta llegar al actual, como contralor auxiliar de Auditoría Fiscal.
Pero antes, venía de ser subdirector administrativo y financiero del Isvimed, entre enero y septiembre de 2020, es decir, en los primeros nueve meses de la administración Quintero. No obstante, al posesionarse en el cargo actual no declaró conflicto de intereses por tener que vigilar una instancia del gobierno local de la que dependió.
El contralor delegado al que le recibió el puesto fue Luis Alberto Gallego Moná y resulta que este es un liberal cercano al representante a la Cámara Julián Peinado y lo sería también del secretario de Hacienda de Medellín, Óscar Hurtado, que se desempeñó, también en esta administración, como subdirector administrativo del Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed).
Ambas entidades, de acuerdo con fuentes del ámbito político, serían manejadas por una misma concejala de Medellín. Y no sería la única coincidencia, pues Gallego ya le había mandado un oficio a su secretario allegado que parece como calcado luego por su sucesor, porque tiene las mismas preguntas que al decir de Ramos, parecen, a propósito, inocuas.
Lo anterior quiere decir además que la investigación de los Fondos Fijos Reembolsables, en apenas un mes y una semana, ha tenido dos investigadores y esa rotación, de acuerdo con el concejal Ramos, es otra treta de la Contraloría para justificar luego por qué no avanza.
EL COLOMBIANO buscó la versión de los directivos de la Contraloría y de los funcionarios mencionados, pero al cierre de esta edición no habían respondido.
