En un operativo que tuvo sus antecedentes en las denuncias de ciudadanos acerca de varios individuos que “vacunaban” a los comerciantes de varios sectores del centro de la ciudad, las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de la banda La Terraza.
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De forma puntual y según los testimonios, estos individuos desplegaban sus exigencias económicas ilegales en los barrios El Chagualo, Jesús de Nazaret y Estación Villa, en una zona céntrica de la capital antioqueña.
Las investigaciones por parte del Gaula de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación demoraron en total cinco meses durante los cuales recolectaron el material probatorio suficiente para comprobar, según los investigadores, el relacionamiento de los aprehendidos con los hechos ilícitos por los cuales son señalados y que permitieron librar las órdenes judiciales en su contra.
La operación de captura tuvo lugar de forma simultánea en las comunas de Candelaria (centro de la ciudad) y Castilla, de Medellín, así como en el municipio de Bello.
Entre los señalados integrantes de la longeva agrupación de La Terraza están alias Santa o “Jerónimo” y “la marimacho”, quienes de acuerdo con los investigadores serían los encargados de ordenar el cobro de las extorsiones. Igualmente, hay tres integrantes identificados como “Jhon”, “Santi” y “Daniel”, quienes serían los encargados de recaudar el dinero exigido a las víctimas.
El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier General William Castaño, detalló que los pagos iban desde los 10.000 hasta los 600.000 pesos, dependiendo del tipo de negocio sobre el cual recayeran.
“Con estas capturas, se evitó el pago estimado de mil millones de pesos anuales”, indicó el general Castaño.
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En el acervo probatorio incluido en el expediente hay interceptaciones telefónicas, entrevistas, reconocimientos en el álbum fotográfico disponible por parte de los organismos de seguridad y otros materiales que los comprometerían con los delitos de extorsión, lo mismo que tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.
Con base en esos elementos, un juez de control de garantías avaló la petición de la Fiscalía de someterlos a detención intramural mientras que avanza el proceso judicial en su contra.
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