Una empresa de seguridad que tenía a cargo las cámaras de la sede de campaña no dio razón de videos que esclarecerían los hechos ocurridos en 2019. Un año después, su contratación se multiplicó 500% con la Alcaldía de Medellín.
De todas las denuncias que se han hecho en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quizá la más sensible llegó a la Fiscalía el 19 de octubre del 2021, cuando iba por la mitad de su mandato. El delito por el que se le acusaba era de acceso carnal violento y agravado, por un presunto hecho ocurrido dos años antes, el primero de octubre del 2019.
Según la denuncia, el exalcalde (para la fecha de los hechos, candidato) habría abusado sexualmente de una joven de 19 años en medio de una fiesta en la casa donde funcionaba la sede de su campaña a la alcaldía, días antes de que se celebraran las elecciones donde resultó elegido con 303.420 votos. La víctima, según fuentes protegidas, era una de las voluntarias de su campaña.
El caso quedó registrado con la noticia criminal número 050016000207202150589 y fue asignado al fiscal Floriberto Tuberquia. De acuerdo con la información del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía, un día después de radicada la denuncia, el 20 de octubre, se realizó el “programa metodológico” de la investigación, luego, el 25 del mismo mes y el 3 de noviembre se realizaron “actividades investigativas” y el 25 de noviembre, apenas un mes y seis días después de radicada la denuncia, esta se archivó por “inexistencia del hecho”.
Lea también: Investigan a más exsecretarios de Daniel Quintero por presunta participación en política
Sin embargo, correos y archivos confidenciales obtenidos por el observatorio Petroleaks y conocidos por EL COLOMBIANO darían cuenta de que en esa efímera investigación habrían ocurrido algunas inconsistencias sobre las que vale la pena volver a indagar.
En primer lugar, hay que decir que la denuncia fue interpuesta anónimamente por dos personas que declararon ante la Fiscalía, pero que de la presunta víctima directa no hay registro todavía público. En los correos filtrados se evidencia que el 25 de octubre de 2021 la asistente del fiscal Tuberquia, Diviannys Povedas, citó a los dos denunciantes para dar sus declaraciones al día siguiente a las 10 de la mañana en la sede de la Fiscalía.
Ese mismo 25 de octubre, pero a las 8:20 a.m., Povedas le envió un correo a su jefe, el fiscal Tuberquia con el asunto “OPJ”, que significa Órdenes a la Policía Judicial.
En ese correo, Povedas detallaba el plan que debía seguir la investigación del caso, así: primero, ubicar y entrevistar a los denunciantes, luego de establecer su identidad y ubicación, entrevistar a la víctima, “para que suministre información relacionada al tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos que se investigan”.
El tercer paso era “inspeccionar y analizar las cámaras de seguridad de Dogman de Colombia Ltda, ubicadas en la sede de campaña del candidato Daniel Quintero para el mes de noviembre de 2019, con el fin de extraer imágenes donde se evidencien las esenas (sic) mencionadas en la denuncia”. Como se dijo, la presunta víctima no apareció durante las cinco semanas que duró la investigación, pero de las cámaras de seguridad de la sede de campaña tampoco quedó rastro. Sobre eso volveremos en un par de líneas.
El siguiente paso del plan sugerido por Povedas era rastrear en redes sociales si en octubre de 2019 o por esas fechas habían denunciado a Quintero en redes por “acceso carnal a una joven en su sede de campaña”. Finalmente, debían “consultar en la SAC si existe información relacionada a estos hechos”. La SAC es la Sección de Análisis Criminal del CTI, donde se le hace inteligencia a las denuncias que recibe la Fiscalía.
Lea también: Se le acabaron las excusas: por fin imputaron a Mauricio Zuleta, exsubsecretario de Daniel Quintero
Una vez iniciada la investigación, la Policía Judicial ordenó la copia de las cámaras de seguridad instaladas en la sede de campaña de Quintero. La solicitud fue dirigida a la empresa de vigilancia Dogman Ltda, encargada de la seguridad del lugar, con el objetivo de aportar “evidencia que confirmara o descartara la ocurrencia de los hechos denunciados por violencia sexual”.
Pero a pesar de la solicitud y de la gravedad de los hechos, desde la empresa no respondieron ni enviaron los videos y la Fiscalía, al parecer, tampoco insistió: no le hicieron la solicitud a un juez de control de garantías ni emprendieron otras acciones jurídicas.
Además de pedir las cámaras de seguridad de la sede de campaña, la Fiscalía intentó obtener información de entrevistas con Esteban Restrepo (gerente de la campaña a la Alcaldía y ahora a la Presidencia) y del exsecretario Juan Pablo Ramírez, sin embargo, poco o nada habrían dicho sobre los hechos.
Sin embargo, de lo que sí hay registro es de la contratación de la empresa Dogman Ltda con el distrito de Medellín durante la administración Quintero. Los recursos que la Alcaldía le giró a la compañía pasaron de $869 millones en 2019 a $5.246 millones en 2020, es decir, un aumento del 500%.
Buscamos a Dogman Ltda para indagar sobre qué pasó con las grabaciones de la sede de campaña de Quintero, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, estas páginas siguen abiertas para sus declaraciones. EL COLOMBIANO logró identificar a uno de los denunciantes, quien confirmó saber de los hechos. Además, otra persona que trabajó en la campaña aseguró que también conocía del caso. Escribimos al celular de Daniel Quintero, pero no recibimos respuesta.
Antes de la presunta violación de 2019, hay, por lo menos, otros dos casos documentados sobre presuntos delitos sexuales cometidos por el ahora precandidato. Ambos se conocieron a través de redes sociales y medios de comunicación en junio de 2020.
El 16 de junio de ese año, una mujer escribió anónimamente en Twitter narrando cómo, supuestamente, en 2017, cuando Quintero trabajaba en el MinTIC, estuvo de fiesta con él en Bogotá y después de unos tragos se quedó dormida. Cuando se despertó, dice, habría visto presuntamente a Quintero encima suyo sin camisa y masturbándose, y, a pesar de que ella le habría pedido que se quitara, él no lo habría hecho hasta que habría eyaculado.
Lea también: “Podrían pedir a Quintero en extradición por Afinia y Canacol”: Federico Gutiérrez
Motivada por ese testimonio, al día siguiente otra mujer publicó en su cuenta de Instagram que había sido víctima de acoso sexual por parte de Quintero cuando trabajaba como mesera en un bar de Medellín en 2016, cuando Quintero trabajaba en la campaña por el Sí en el plebiscito. Aunque estos dos casos nunca llegaron a la justicia, no son anónimos. Periodistas de diversos medios de comunicación se entrevistaron con las víctimas, quienes confirmaron lo ocurrido.
Además, por publicar sus testimonios recibieron presiones del entonces alcalde, que no escatimó en recursos para mejorar su imagen y ofreció, en ese entonces, dar entrevistas pagadas para mostrarse como un padre de familia y esposo ejemplar.
Regístrate al newsletter 
