Las negociaciones entre las estructuras criminales de Medellín y el Gobierno Nacional, en el marco de la paz urbana, no ha salido gratis, ni mucho menos. De acuerdo con la Oficina del Comisionado de Paz, para este proceso, desde el 2 de junio de 2023 que comenzó se han destinado 1.855 millones de pesos, situación que ha generado debates entre quienes lideran esta mesa de negociación y la administración distrital. Mientras los primeros aseguran que todo se justifica para buscar la paz de la ciudad, los otros dicen que esas inversiones deberían ir a las víctimas.
 De acuerdo con este informe, para la negociación efectuada en la capital antioqueña con los históricos líderes criminales de la ciudad, quienes están purgando sus condenas en la cárcel La Paz, de Itagüí, estos montos se han destinado en honorarios, viáticos, tiquetes, logística y actividades de participación con la sociedad civil, en rubros que cada año han ido aumentando, en medio de una negociación que ha mostrado algunos resultados parciales mas no totales.
  Por ejemplo, para 2023 se destinaron 135.661.221 pesos, repartidos así: $54.800.000 en honorarios, $5.408.010 en tiquetes aéreos de la delegación, $68.404.336 en la logística para el desarrollo del proceso y $7.048.875 en temas de participación de la sociedad civil. Para el 2024, el primer año completo del proceso se destinaron $419.930.274, de los cuales $298.666.667 se usaron para los honorarios, $1.092.252 para viáticos y gastos de desplazamiento, $22.594.076 en tiquetes aéreos, 37.877.978 en la logística y 59.669.301 en los programas que incluyen a las comunidades.
     
  El incremento más abrupto se presenta este año, al cual aún le faltan dos meses para finalizar. El monto total superó los 1.000 millones de pesos, llegando a los $1.299.563.331, distribuidos así: $609.200.000 en honorarios de quienes forman parte de la mesa, $55.186.400 en viáticos y gastos de desplazamiento, $79.850.302 en tiquetes aéreos, $100.285.017 en logística y $455.041.611 en los programas de participación de la sociedad civil.
 Estos recursos, en su integridad, fueron destinados por el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz), implementado por el Gobierno Nacional para avanzar en los procesos de negociación que se desarrollan en distintas partes del país y este mismo fondo es quien se encarga de verificar su ejecución.
    ¿Qué han hecho con la plata? 
  Según la Oficina del Comisionado de Paz, estos recursos, además de garantizar la movilidad y el pago de todos los vinculados dentro de este proceso que busca pacificar la ciudad, se han usado en la implementación de los planes piloto contra la extorsión y en la creación de la Subcomisión de Niñez y Adolescencia en Medellín, que tiene como objetivo proteger a más de 2.000 menores de edad de las estructuras criminales, principalmente del riesgo de reclutamiento.
  En cuanto a los pilotos contra la extorsión, del primero, que fue del 19 de diciembre de 2024 al 19 de enero de 2025 y se aplicó en 25 barrios de Medellín y Bello, el 13 de febrero se presentó un informe en el auditorio Camilo Torres de la Universidad de Antioquia, en el que destacaron algunos logros, pero sin cifras concretas.
 Incluso, desde la Alcaldía de Medellín aseguraron que durante este piloto no es que se hubiera suspendido el cobro de las extorsiones, sino que estas se disfrazaron con otros nombres como colectas comunitarias o aportes para programas de Navidad entre las comunidades a las cuales se les iba a levantar este cobro. Incluso, se habría mantenido a algunos sectores económicos.
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 Para el segundo piloto contra la extorsión, que esta vez se aplicó en 45 barrios de Medellín, Bello e Itagüí, y que duró tres meses, entre el 21 de marzo y 21 de junio, hasta el momento no se han dado informes sobre los resultados de estas iniciativas y de acuerdo con la respuesta de este organismo, “el informe está en validación interna por la EOSAP (Equipo de Observación y Sistematización de Acciones de Paz) y será entregado al ECSJ (Espacio de Conversación Socio Jurídica)”.
 Incluso sobre el informe de este segundo piloto se quedó de entregar un informe para el 20 de septiembre, según declaraciones que conoció EL COLOMBIANO en una publicación del pasado 13 de septiembre, pero hasta la fecha no han trascendido los resultados de este piloto, así como tampoco si va a haber una implementación más extensa o si se va a hacer de nuevo para este fin de año.
 En relación con la Subcomisión de Niñez y Adolescencia, se viene haciendo el trabajo comunitario en los entornos donde hay alto riesgo para esta población para garantizar su protección, aunque como este se comenzó a implementar el 21 de junio de este año, hasta el momento no se reportan resultados tangibles de este proceso.
 Adicional a esto, parte de los $455.041.611 de los programas de participación de la sociedad civil se encuentran los encuentros de las asambleas por la paz urbana que se han hecho en Medellín y que para este año van 11, entre los que se encuentran un espacio de diálogo con la directora del Bienestar Familiar para tratar temas de infancia (10 de febrero), la socialización del primer piloto contra la extorsión (13 de febrero) y la elección de los representantes de las víctimas del Comité de Impulso en el Museo Casa de la Memoria.
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 También se eligieron a los representantes de los colectivos LGBTIQ+, de las mujeres, de los jóvenes y de las mesas de paz para este mismo comité en la Corporación Región (2 al 8 de abril). Los líderes sociales también hicieron su elección en el Museo Casa de la Memoria (11 de abril). Los representantes del Comité de Impulso hicieron (12 de abril) la exploración de un modelo de tránsito a la legalidad para los integrantes de las EOCAI (Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto).
 Finalmente, en junio se hicieron los dos últimos actos de este proceso en Medellín: una reunión del Comité de Impulso para “seguir avanzando en la territorialización de la paz y en la construcción de rutas comunes” (3 de junio), según la Oficina del Comisionado para la Paz, y el famoso “Tarimazo”, en el que el presidente Gustavo Petro estuvo en una tarima en el Centro Administrativo La Alpujarra con los cabecillas de las estructuras criminales que se encuentran en esta negociación (21 de junio).
    Posiciones sobre este gasto 
  Sobre este último punto, el concejal de Medellín por el movimiento Creemos, Alejandro de Bedout, indicó que lamentaba el destino de los recursos para esta clase de actividades en lugar de destinarlos a otras actividades que contribuirían con la paz, como la compensación a las víctimas del conflicto urbano de Medellín.
 “Se sientan con los victimarios, les pagan los viajes, los tiquetes, los viáticos y las asesorías, mientras las verdaderas víctimas siguen esperando respuestas y justicia”, expresó el corporado, en el mismo sentido que se ha expresado en distintas oportunidades el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha cuestionado el trabajo que se viene realizando desde esta mesa.
     
  De hecho, criticó que mientras se avanza en este proceso y se gastan los recursos, hasta el momento no hay desarmes, ni sometimiento a estos grupos criminales, ni tampoco justicia para las víctimas. “Lo que sí hay es plata pública puesta al servicio de quienes tanto daño le hacen al país”, añadió el concejal De Bedout.
 La vocera de la paz urbana en Medellín, la senadora Isabel Cristina Zuleta, manifestó que ningún recurso invertido es mínimo si se pretende buscar la pacificación de territorios azotados por la violencia, como lo ha sido la capital antioqueña a lo largo de los últimos 45 años. Destacó que el máximo fruto de la negociación son las cifras de homicidios, que en los últimos dos años ha tenido bajos históricos.
 “Los resultados son más que evidentes, la ciudad sigue en paz. La tasa de homicidios demuestra que el esfuerzo por la paz es muy valioso”, expresó la senadora, destacando que “la vida no tiene ningún precio”.