La orden de disolver el Congreso de Perú por parte del presidente Pedro Castillo provocó la renuncia de varios de sus colaboradores más cercanos.
Manuel Rodríguez Cuadros, embajador peruano ante Naciones Unidas, presentó su carta de renuncia irrevocable ante lo que consideró “un golpe de Estado”.
“Esta situación infringe la constitución del Estado y las obligaciones internacionales del país contenidas en la Carta Democrática Interamericana”, redactó en su misiva.
También dejó su cargo el embajador de Perú en la OEA, Harold Forsyth, aduciendo “razones morales y profesionales” que le impiden “tener vinculación con un régimen que funcione en base a decretos”. Se despidió de sus colegas diplomáticos en una sesión, y remató diciendo “viva la democracia”.
A la cascada de renuncias se unió el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, “habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos”, precisó en Twitter.
El general Wálter Córdova Alemán, comandante General del Ejército, renunció igualmente, aduciendo “motivos estrictamente personales”.
A ellos se unió el docente y abogado litigante Benji Espinoza Ramos, uno de los hombres más cercanos a Castillo, y quien ejercía su defensa judicial hasta ahora.
“Como abogado respetuoso de la Constitución asumí la defensa del Presidente de la República presumiendo su inocencia. Al haberse producido una ruptura del orden constitucional, me veo en la obligación de renunciar irrevocablemente a la defensa del ciudadano Pedro Castillo”, publicó.
La vicepresidenta peruana, Dina Boluarte también se pronunció y aunque aún no se sabe si continuará o no en su cargo, denunció, al igual que muchos de sus colegas, que el presidente Castillo orquestó “un golpe de Estado”.
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