Venezuela informó este martes que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales, en medio de una nueva tensión con Estados Unidos, que también anunció un despliegue militar en el Caribe sur.
Las autoridades venezolanas informaron la víspera la movilización de 15.000 efectivos a la frontera con Colombia también para operaciones antidrogas, a medida que el gobierno de Nicolás Maduro denuncia como una “escalada de acciones hostiles” la movilización estadounidense.
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La administración de Donald Trump, por su parte, sostiene que ejecutará operaciones contra el narcotráfico internacional, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de invadir Venezuela.
Pero la movilización de tres destructores lanzamisiles y 4.000 marines, a los que se les suman otros dos buques, coincide con el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por la captura de Maduro y la declaratoria como organización terrorista del llamado cartel de los Soles, una narcobanda que presuntamente encabeza el presidente venezolano.
“Crear ansiedad”
Maduro abrió el registro de la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada que integran civiles y que sus críticos aseguran tiene una alta carga ideológica.
Según el presidente, Venezuela tiene ya unos 4,5 millones de reservistas para hacer frente a cualquier amenaza, una cifra que expertos cuestionan.
Una posible invasión estadounidense es una tema que surge en las calles de Venezuela, entre bromas y preocupación, entre incrédulos y alguno que otro opositor esperanzado.
No obstante, analistas ven lejano el escenario de una operación directa contra Venezuela.
“Creo que lo que estamos viendo representa un intento por crear ansiedad en esferas del gobierno y obligar a Maduro a negociar algo”, explicó a la AFP el analista Phil Gunson, del Crisis Group.
Caracas exigió además este martes en Naciones Unidas “el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe”, según un comunicado.
El canciller Yván Gil pidió el “apoyo” del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para “restablecer la sensatez”.
Trump impulsó en su primer gobierno (2017-2021) una política de máxima presión contra Maduro, con una batería de sanciones que incluyó un embargo petrolero aún vigente.
En su segundo gobierno, no obstante, inició contactos tempranos con el chavismo para coordinar la deportación de venezolanos sin documentos en Estados Unidos.
De hecho, los aviones con deportados no han parado de llegar a Venezuela a propósito de la tensión.
Lo mismo con el petróleo. Después ordenar la suspensión de operaciones del gigante Chevron, autorizó la renovación de un permiso especial que evade el embargo.
“Todos los días pendiente de un barco y la verdad es que los barcos que están saliendo son los de petróleo, algunos de ellos salieron de Chevron para los Estados Unidos”, apuntó el lunes la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.
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De fondo, también está la operación que Estados Unidos pretende adelantar para debilitar al denominado Cartel de los Soles: una compleja red de militares y funcionarios venezolanos que estarían al servicio del narcotráfico.
“Venezuela se ha convertido en un estado narco-terrorista que sigue colaborando con las Farc y el ELN para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia los carteles mexicanos, que continúan ingresando a Estados Unidos en volúmenes sin precedentes”, había dicho el director de la DEA, Terry Cole.
De acuerdo con la DEA, el 30% de la cocaína que circula por el Caribe sale de las costas y terminales aéreos de Venezuela.
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