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Mundo | PUBLICADO EL 30 marzo 2022

CIDH y expertos de la ONU, preocupados por la decisión de liberar a Fujimori en Perú

La Corte Constitucional ordenó la libertad del expresidente el pasado 17 de marzo.

  • Simpatizantes de Fujimori se han manifestado a las afueras del penal Barbadillo, en Lima (Perú), por la liberación del expresidente. FOTO: EFE/ Luis Angel Gonzales
    Simpatizantes de Fujimori se han manifestado a las afueras del penal Barbadillo, en Lima (Perú), por la liberación del expresidente. FOTO: EFE/ Luis Angel Gonzales
  • Simpatizantes de Fujimori se han manifestado a las afueras del penal Barbadillo, en Lima (Perú), por la liberación del expresidente. FOTO: EFE/ Luis Angel Gonzales
    Simpatizantes de Fujimori se han manifestado a las afueras del penal Barbadillo, en Lima (Perú), por la liberación del expresidente. FOTO: EFE/ Luis Angel Gonzales
AFP

La decisión del Tribunal Constitucional de Perú de liberar al expresidente Alberto Fujimori “afecta los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad”, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así mismo, un grupo de expertos de la ONU se pronunció sobre la decisión, señalando que este es un “retroceso inaceptable” para la lucha contra la impunidad por las graves violaciones de derechos cometidas durante su gobierno.

“La restitución del indulto daría lugar a la liberación de Fujimori y a la extinción de su pena, lo cual afecta los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, afecta su acceso a la justicia y lesiona su dignidad”, afirmó la CIDH en un comunicado en el que precisa que la decisión “genera obstáculos para el cumplimiento integral de las sentencias” de la Corte Interamericana en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

De hecho, la CIDH recordó que en 2011 la Corte IDH declaró que los sucesos en La Cantuta constituyen “crímenes de lesa humanidad” y los de Barrios Altos “son graves violaciones a los derechos humanos”. Así mismo, agregó que el derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías e indultos a personas que han sido declaradas culpables de crímenes de lesa humanidad.

Igualmente, los expertos en derechos humanos de la ONU apuntaron en una misiva, emitida en Ginebra, que esto “parece ser inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos que restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa humanidad” y recordaron que el indulto concedido en vísperas de Navidad de aquel año por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, alegando razones humanitarias, había sido considerado incompatible con los requerimientos legales.

“A menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional”, anular la sentencia a 25 años contra Fujimori sería “un grave golpe a la justicia y al estado de derecho” y “una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias”, manifestó el grupo de expertos, integrado por Fabián Salvioli, Morris Tidball Binz, Luciano Hazan, Aua Baldé, Tae-Ung Baik, Gabriella Citroni y Henrikas Mickevičius.

Fujimori, de 83 años, sufre de de fibrilación auricular, fibrosis pulmonar e hipertensión, según su médico. “Humanitariamente, Alberto Fujimori no merece morir en la cárcel”, expresó el médico de cabecera y parlamentario afín Alejandro Aguinaga.

Encarcelado en 2007, Fujimori ya cumplió 15 de los 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos (15 muertos, incluido un niño) y La Cantuta (10 muertos), perpetradas por escuadrones militares durante su gobierno (1990-2000) en el marco de la guerra contra el terrorismo.

Para que salga de la prisión que ocupa en una base policial de Lima, el TC tiene que notificar al servicio penitenciario, trámite que aún no se concreta. La decisión, que es inapelable, desató manifestaciones en las calles de Lima a favor y en contra del indulto.

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