Una semana después del asalto de un grupo de hombres armados al canal TC televisión que transmitía un informativo en la ciudad de Guayaquil y cuyos autores fueron capturados, César Suárez, el fiscal de la Unidad nacional especializada en investigaciones contra la delincuencia organizada, que adelantaba las pesquisas del caso, fue asesinado.
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El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles 17 de enero, cuando el fiscal, que se movilizaba en su vehículo particular sobre la avenida del Bombero, en el norte de Guayaquil, fue interceptado por varios hombres que balearon el carro hasta matarlo.
De acuerdo con información recopilada por medios de Ecuador, en una de las ventanas del vehículo se observaron al menos nueve orificios de balas que lo impactaron en la cabeza.
La fiscal general del Estado de Ecuador, Diana Salazar, condenó lo sucedido y envió sus condolencias a la familia de la víctima.
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“Respecto a este hecho que nos enluta como institución, nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este cromen no quede en la impunidad. Quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros. César, descanse en paz, su legado nos acompañará en la lucha”, dijo la fiscal en un video publicado en la cuenta de X (antes Twitter) de la Fiscalía.
Salazar agregó además que “este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones”.
El asalto del canal TC Televisión fue uno de los primeros actos criminales que sufrió Ecuador tras la fuga del poderoso Adolfo Macías o “Fito”, jefe de la principal banda del país: Los Choneros.
Aún no es claro quién estuvo detrás de ese asalto, en el que encapuchados amenazaron a periodistas y a otros trabajadores con pistolas, fusiles y granadas en una transmisión en directo.
Ante la crisis desatada en ese momento, el presidente Daniel Noboa declaró el “conflicto armado interno”, tildó a las bandas criminales de “terroristas” y desplegó miles de militares.
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Ante lo sucedido, la fiscal también le pidió al Consejo de la Judicatura que “autorice para que las audiencias que conoce la Unidad se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado”.
