Un fallo histórico de la Corte Constitucional de esta semana ha decretado la prohibición de las corridas de toros, las corralejas, el coleo y las peleas de gallos en todo el territorio colombiano.
Aunque la tauromaquia formal ya estaba en un declive terminal en Antioquia, donde desde hace varios años las plazas de toros quedaron en el olvido o se transformaron, esta decisión judicial significara una transformación cultural y económica en numerosos municipios del departamento que aún mantienen vivas las corralejas y las peleas de gallos.
La prohibición no será de aplicación inmediata, sino que se diferirá por un período de tres años, entrando en vigor el 22 de julio de 2027.
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A diferencia de las corridas, las corralejas no estaban en declive en algunos municipios de Antioquia, sino que persistían como una manifestación cultural y económica arraigada, especialmente en las subregiones del Bajo Cauca y Urabá. Su origen, ligado a la ganadería y las fiestas patronales, les dio un carácter masivo y popular, lo que las ha hecho más difíciles de erradicar. Es precisamente en estos municipios donde el fallo de la Corte Constitucional tendrá su impacto más directo y necesario.
Sin embargo, hay que decir que los municipios de Antioquia que aún sostenían estas prácticas cruelas, a menudo lo hacían burlando descaradamente las normativas departamentales y nacionales.
Las de Caucacia, por ejemplo, no eran solo las más populares, sino las más crueles y peligrosas, no solo para los animales si no para sus asistentes. Por ejemplo, las más recientes, celebradas en los primeros días de este año, dejaron un saldo de siete caballos muertos y 27 personas heridas.
Las imágenes de animales agonizando, sin ayuda tras ser atacados por toros estresados y maltratados, se viralizaron, mientras la administración municipal, poco hizo y dijo, ignorando incluso una orden pública del presidente Gustavo Petro para suspender actos con maltrato animal. Para colmo, la Gobernación de Antioquia denunció que la Alcaldía de Caucasia intentó ”engañar a la administración departamental” al enviar reportes falsos sobre la ausencia de muertos o heridos.
En esta misma subregión, El Bagre y Nechí también mantuvieron activas estas festividades, con El Bagre realizando corralejas a mitad de año, donde decenas de vaquillas fueron sometidas a estrés y el incesante ruido de la pólvora. En el Urabá, municipios como Arboletes, Necoclí y San Pedro de Urabá persistieron en esta práctica.
En años recientes, en Arboletes, Nechí y Necoclí, incluso reactivaron las corralejas defendiendo supuestas medidas de seguridad y bienestar animal, a pesar de haberlas cancelado en años anteriores. En San Pedro de Urabá, por su parte, nunca se detuvieron.
La Corte ha sido inequívoca al afirmar que ”no existe ninguna garantía en la naturaleza de estas actividades que esté en sintonía con la protección animal”.
Pero mientras las corralejas se concentran geográficamente y están bien identificadas, las peleas de gallos, aunque menos llamativas, se expanden por todo el departamento. Según la Federación Gallística, hace apenas dos años esta práctica se realizaba casi en el 70% de los municipios de Antioquia.
También de acuerdo con la Federación Gallística, su impacto en la economía es significativamente más grande y estructurado de lo que comúnmente se percibe. A nivel nacional, dice generar alrededor de 165.000 empleos directos y 125.000 indirectos, incluyendo criadores, veterinarios y el personal de las 27.500 galleras estimadas en el país.
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La práctica gallística, con su inherente maltrato maltrato animal, está presente en diversas formas en todo el departamento. Sin embargo, fuera del “mundo de los gallos” solo suele haber noticias de ella cuando hay algún problema de convivencia o de orden público que implica la intervención de la Policía.
En el Suroeste, Titiribí es conocido por su Circo Teatro Girardot, que alguna vez fue la “gallera más grande del mundo”. Otros municipios como El Carmen de Viboral, en el Oriente, han mostrado una actividad gallística persistente y arraigada, con múltiples intervenciones policiales en eventos clandestinos. Dentro del Valle de Aburrá, La Estrella ha albergado grandes galleras y en Sabaneta se han registrado peleas de gallos que han requerido la intervención de las autoridades. En otras subregiones, se han intervenido recientemente galleras con gran afluencia de público en Venecia, y Yondó. Incluso Carolina del Príncipe, en el Norte, es sede de criaderos reconocidos.
Sin embargo, la naturaleza descentralizada y a menudo clandestina de las galleras es un problema para su fiscalización y control, por lo que es probable que, de no haber un cambio cultural que seguramente tome años, la actividad podría sumergirse aún más en la ilegalidad.
La Corte Constitucional ha fundamentado su decisión en la prevalencia del deber de protección animal y el principio de dignidad de los seres vivos sobre la defensa de la diversidad cultural y otras libertades. Con este fallo, se eliminan definitivamente las excepciones que durante más de 35 años permitieron estas prácticas bajo el débil argumento de ser expresiones culturales y de entretenimiento.
El plazo de tres años, hasta 2028, tiene como propósito permitir una ”reconversión laboral y cultural”, según la Corte.
Eso significa que es urgente que de aquí a que se cumpla el plazo, las administraciones municipales no escatimen en esfuerzos para erradicar de una vez por todas estas prácticas y promuevan nuevas tradiciones y festividades, que muevan a las personas y a la economía, pero que no impliquen matar a ningún ser vivo.
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