El fiscal de Argentina Carlos Stornelli abrió una investigación contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante su gobierno (2002-2010) relacionado con ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas.
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El funcionario solicitó a un juez realizar la práctica de pruebas y toma de testimonio de los familiares de las víctimas de estas ejecuciones y que denunciaron al exmandatario en ese país.
Las personas que denunciaron al líder del Centro Democrático fueron Osmaira Nieves Oñate, Laura Vanessa Pina, Wilmer Andrey Pérez Betancourt y Bertina Badillo Herazo.
La causa abierta contra Uribe señala que esos presuntos crímenes dejaron “un saldo de 6.112 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como caídos en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército Colombiano, conocidos como ‘falsos positivos’”.
En ese sentido, la investigación pretende determinar la presunta responsabilidad del político antioqueño “en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieran en Colombia entre el 08 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008″.
El fiscal Stornelli pudo abrir una indagación contra el exjefe de Estado a raíz del principio de jurisdicción universal e invocación del “artículo 118 in fine de la Constitución Nacional, la ley 26.200, El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los artículos. 174 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación”.
Allí se establece que “los crímenes contra el derecho de gentes pueden y deben ser investigados y juzgados aún fuera del lugar donde fueran cometidos”.
Ante esto, Stornelli le pidió al juez Sebastián Ramos hacer solicitudes internacionales con base en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmada, ratificada y depositada por Argentina y Colombia.
Lo que sigue en esta causa es que la justicia argentina le pida a la Presidencia de Colombia y a los ministerios de Defensa y del Interior que “se remitan copias certificadas de actas de reuniones (internas y con terceros), notas internas, comunicaciones que se hicieron entre 2002 y 2010 acerca de conductas relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas de civiles ilegítimamente presentados como bajas en combate”.
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