La economía colombiana llega al final del gobierno Petro con señales de recuperación y crecimiento moderado, aunque persisten dudas por el déficit fiscal, la deuda pública y la inversión, principales retos para la próxima administración.
A un mes de concluir el mandato del presidente Gustavo Petro, los balances sobre el desempeño de la economía colombiana se multiplican. Como ocurre con otros indicadores macroeconómicos, las finanzas públicas concentran buena parte del debate entre analistas, economistas y representantes del sector empresarial.
Aunque variables como la inflación, la tasa de cambio, el desempleo, la inversión extranjera y el crecimiento económico muestran comportamientos diversos, la principal discusión gira alrededor del manejo de la deuda pública y el déficit fiscal.
Un elemento que suele mencionarse en el análisis es que la administración saliente no enfrentó el impacto directo de una pandemia, como sí ocurrió durante el gobierno de Iván Duque.
En este contexto, existe consenso en que el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella deberá afrontar cuatro grandes desafíos macroeconómicos: acelerar el crecimiento económico, generar empleo, consolidar la reducción de la inflación y recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La economía colombiana habría crecido 2,7% durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la más reciente estimación del indicador NowCast Bancolombia, un desempeño que, de confirmarse en las cifras oficiales, reflejaría una expansión moderada de la actividad productiva en el país durante la recta final del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El resultado corresponde al último trimestre completo antes del cambio de administración previsto para agosto y coincide con una economía que continúa recuperándose, aunque todavía por debajo de su potencial de crecimiento.
Bancolombia advierte que durante el primer semestre de 2026 la economía se habría expandido 2,4% anual, una cifra que evidencia un crecimiento insuficiente para cerrar la brecha frente a la capacidad productiva del país.
El análisis sectorial revela que la recuperación económica continúa siendo heterogénea. Las mayores aceleraciones se observaron en recreación, servicios profesionales, agricultura e industria, actividades que fortalecieron su ritmo de crecimiento durante el segundo trimestre. La industria alcanzó una expansión anual de 3,7% en junio, mientras que la agricultura avanzó 3,5%.
El comercio también mantuvo un comportamiento favorable, con un crecimiento de 4%, y el sector financiero se consolidó entre los de mejor desempeño al apreciar una expansión de 6%.
En contraste, la construcción perdió impulso y redujo su crecimiento hasta 0,6%, mientras que la minería siguió siendo la única actividad en terreno negativo, con una contracción de 0,5% anual.
Entre quienes defienden la gestión económica del Gobierno se encuentra el economista y profesor Jorge Coronel, quien considera que el debate sobre la deuda pública requiere una lectura más amplia y técnicamente fundamentada.
Según el analista, no es correcto afirmar que Colombia enfrenta un nivel históricamente alto de endeudamiento sin revisar la evolución del indicador durante la última década.
Explicó que la deuda neta del Gobierno Nacional Central cerró 2025 en 58,6% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del máximo registrado durante la pandemia, cuando alcanzó 60,7% del PIB en 2020, e incluso ligeramente inferior al dato de 2024, que fue de 59,3%.
Coronel sostiene que el incremento del endeudamiento no comenzó con la administración Petro, sino varios años antes.
Según explicó, la deuda del Gobierno Nacional pasó de cerca del 33% del PIB en 2012 a 48% en 2019, tendencia que posteriormente se aceleró por la emergencia sanitaria derivada del covid-19.
El economista afirmó que la pandemia obligó al Estado a incrementar el endeudamiento para financiar programas extraordinarios dirigidos a enfrentar la crisis económica y social.
También aseguró que buena parte del esfuerzo fiscal reciente ha estado orientado al pago de obligaciones adquiridas en administraciones anteriores.
Como ejemplo citó el crédito contratado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020, cuyos pagos principales se realizaron entre 2024 y 2025 por un monto de $23,1 billones.
De igual forma, recordó que el Gobierno ha destinado cerca de $83,9 billones entre 2022 y 2026 para cubrir el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), generado tras el congelamiento de los precios de los combustibles durante la pandemia.
Coronel añadió que estos compromisos se han asumido en un escenario de menores ingresos fiscales, afectado por la decisión de la Corte Constitucional sobre la deducibilidad de las regalías, el hundimiento de dos leyes de financiamiento en el Congreso, la reducción de $10 billones al Presupuesto General de la Nación para 2026 y la caída de dos decretos de emergencia económica que buscaban obtener recursos adicionales.
Otro de los argumentos del economista es que la refinanciación de la deuda pública corresponde a una práctica habitual de administración financiera y no constituye una nueva forma de endeudamiento.
Explicó que el Ministerio de Hacienda realiza de manera permanente operaciones como canjes, recompras, sustituciones de títulos y emisiones para mejorar el perfil de vencimientos, reducir riesgos financieros y disminuir los costos del endeudamiento.
Recordó que durante 2025 se adelantaron operaciones de canje que permitieron extender los plazos de vencimiento de la deuda, mientras que en 2026 continuó esta estrategia para optimizar la estructura financiera del Estado.
Coronel enfatizó que la legislación colombiana diferencia las operaciones de manejo de deuda del endeudamiento neto, por lo que mecanismos como refinanciaciones, reestructuraciones, intercambios de deuda o coberturas cambiarias no implican, por sí mismos, un aumento del endeudamiento público.
Sin embargo, también advirtió que los mercados financieros no suelen interpretar positivamente la refinanciación cuando esta se convierte en la principal alternativa para atender los compromisos fiscales, pues inversionistas y organismos pueden ejercer presión para acelerar los pagos y asegurar el rendimiento de sus inversiones.
Desde una posición crítica, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, afirmó que el gobierno de Gustavo Petro dejará una economía marcada por un elevado déficit fiscal, mayores costos de la deuda pública y un deterioro de la confianza empresarial.
En su balance económico de la administración saliente, sostuvo que el país recibe importantes desequilibrios macroeconómicos como consecuencia de un manejo fiscal que, según afirmó, privilegió el gasto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Para ilustrar su diagnóstico, comparó la situación con “abandonar una casa con las luces encendidas, las ventanas abiertas, las llaves del agua rebosándose, la nevera vacía y las cuentas del despilfarro sobre la mesa”.
Mac Master reconoció que durante el actual gobierno hubo resultados favorables en indicadores como la reducción del desempleo, la disminución de la pobreza y algunos alivios sociales.
No obstante, afirmó que esos avances carecen de fundamentos económicos suficientes para mantenerse en el tiempo.
“Hay algunas imágenes que mostrar: menor desempleo, reducción de pobreza y cierto alivio social, pero sin bases para pensar que se trata de algo sostenible. Fueron alivios temporales con corte electorero”, señaló.
Según el dirigente gremial, detrás de esos indicadores persisten problemas estructurales como un elevado déficit fiscal, una deuda pública más costosa, una inversión debilitada, inflación persistente, pérdida de confianza de inversionistas y empresarios, además de mayores niveles de inseguridad.
También sostuvo que el Estado incrementó el gasto público sin considerar los efectos sobre las finanzas nacionales en el mediano y largo plazo.
“El Estado gastó como si el futuro no fuera a cobrar intereses y no hubiera que pagar las deudas”, afirmó.
Para el presidente de la Andi, la meta de construir una economía más equitativa terminó convirtiéndose en un aumento del gasto sin respaldo financiero suficiente, lo que, en su opinión, deterioró la confianza de los inversionistas y frenó la denominada revolución productiva anunciada por el Gobierno.
Como consecuencia, concluyó que el próximo gobierno recibirá una economía con una elevada factura fiscal, una crisis de confianza y una mayor vulnerabilidad económica.
“El balance deja una economía más frágil y, por lo tanto, más dura para los más pobres”, concluyó.
La recuperación de la inversión debería convertirse en la principal prioridad económica del gobierno de Abelardo de la Espriella, cuyo mandato iniciará el próximo 7 de agosto, según un análisis de investigadores económicos de Corficolombiana. El equipo sostiene que el país requiere un plan de reactivación enfocado en infraestructura, vivienda y sector mineroenergético para impulsar el crecimiento durante el próximo cuatrienio.
Los investigadores recuerdan que la inversión en Colombia se mantiene en mínimos históricos y que estos tres sectores continúan por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia, a diferencia de otros segmentos de la economía y de países comparables de la región.
Como hoja de ruta, Corfi plantea un esquema denominado “3-2-1”, compuesto por tres apuestas sectoriales, dos mecanismos para hacerlas viables y una meta de crecimiento económico adicional.
Las tres prioridades que, según los investigadores, deberían orientar el mandato presidencial de Abelardo de la Espriella son:
Construir un millón de soluciones de vivienda durante el cuatrienio.
Desarrollar un programa de infraestructura que permita iniciar la construcción de 5.000 kilómetros de red vial primaria e intervenir 35.000 kilómetros de vías terciarias.
Recuperar una producción de un millón de barriles diarios de petróleo y fortalecer la soberanía energética del país.
Los analistas destacan que varias de estas metas coinciden con las propuestas incluidas en el programa de campaña “Colombia, Patria Milagro”, presentado por el presidente electo.
Sin embargo, Corfi advierte que el cumplimiento de estas iniciativas dependerá de dos factores fundamentales: la financiación y la capacidad de ejecución del nuevo Gobierno.
En materia de recursos, los investigadores estiman que la administración deberá asumir compromisos cercanos a $80 billones durante los próximos cuatro años. Entre ellos figuran $24,8 billones correspondientes a vigencias futuras de proyectos 4G y 5G, $20 billones para vías terciarias, $12 billones asociados al diferencial de recaudo de peajes, $11,6 billones en subsidios de vivienda y $9,2 billones en obligaciones con empresas del sector energético, además de otros compromisos.
Los expertos señalan que este escenario coincide con un contexto de alta fragilidad fiscal, por lo que consideran indispensable combinar disciplina en las finanzas públicas, priorización del gasto e innovación en las fuentes de financiación.
El segundo componente del plan propuesto por Corfi se concentra en mejorar la ejecución de los proyectos de inversión.
Para ello, los investigadores consideran necesario promover reformas que agilicen los trámites administrativos, modernicen los procesos de consultas previas, fortalezcan la estabilidad jurídica de las inversiones, amplíen las alternativas de financiación y permitan avanzar en el desarrollo de yacimientos no convencionales.
Asimismo, sostienen que el próximo Gobierno deberá mantener un diálogo permanente con el Congreso para sacar adelante estas iniciativas.
Además de los cambios normativos, Corfi plantea reactivar los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico, implementar presupuestos orientados a resultados, fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional y las regiones, mejorar las condiciones de seguridad, incorporar herramientas tecnológicas para agilizar los procesos administrativos y eliminar los cuellos de botella institucionales que actualmente frenan la inversión.
De acuerdo con las proyecciones de los investigadores económicos de Corfi, si estas prioridades logran ejecutarse y los sectores rezagados recuperan los niveles de inversión previos a la pandemia, Colombia podría sumar un punto porcentual adicional de crecimiento económico.
El informe estima que este resultado permitiría cerrar una brecha acumulada cercana a dos puntos del PIB desde 2019, elevar la inversión hasta al menos el 22% del PIB, incrementar el recaudo tributario en cerca de un punto del PIB por año y generar aproximadamente 500.000 nuevos empleos durante el cuatrienio.
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