El Consejo de Estado suspendió una de las medidas adoptadas por el Gobierno de Gustavo Petro durante las semanas finales de su administración para agilizar procesos administrativos y contractuales en medio del empalme con el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
A través de una medida cautelar de urgencia, el alto tribunal dejó sin efectos, de manera provisional, la resolución expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) que había declarado hábiles varios sábados, domingos y días festivos comprendidos entre el 11 de julio y el 2 de agosto de 2026.
La decisión permitía adelantar trámites precontractuales, contractuales y actuaciones administrativas durante ese periodo.
La suspensión se produjo tras una demanda de nulidad presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia), que cuestionó la legalidad de la medida. Aunque el Consejo de Estado aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el asunto, consideró que existían elementos suficientes para intervenir de forma inmediata y evitar que la resolución siguiera produciendo efectos mientras se estudia el caso.
El despacho del magistrado William Barrera Muñoz advirtió que, de mantenerse el trámite ordinario, la resolución habría cumplido su propósito antes de que existiera un pronunciamiento judicial, lo que convertiría cualquier decisión posterior en un ejercicio sin efectos prácticos.
El tribunal encontró varios aspectos que, a su juicio, generan dudas sobre la legalidad del acto administrativo. Uno de ellos tiene que ver con la justificación presentada por el Dapre para declarar hábiles los fines de semana y festivos.
Según la entidad, la medida buscaba exclusivamente ajustar el conteo de términos dentro de los procesos contractuales que debían adelantarse durante el empalme presidencial. Sin embargo, el Consejo de Estado observó que la misma resolución ordenaba a las dependencias programar funcionarios para trabajar durante esas jornadas.
¿Qué se decidió?
Para el alto tribunal, esa disposición no solo modificaba los términos administrativos, sino que implicaba que servidores públicos prestaran sus servicios en días tradicionalmente reservados para el descanso.
Otro de los reparos planteados por el Consejo de Estado se refiere a la contratación pública. El tribunal recordó que los términos y plazos que rigen los procesos contractuales están definidos por normas legales y reglamentarias, por lo que una resolución administrativa no tendría competencia para alterarlos.
La decisión también cuestiona uno de los argumentos centrales utilizados por el Gobierno para justificar la medida: la necesidad de garantizar un empalme eficiente y sin traumatismos. Para el despacho judicial, la transición entre un gobierno saliente y uno entrante es un hecho plenamente previsible dentro del orden constitucional colombiano y, por tanto, debe planearse con suficiente anticipación.
En consecuencia, sostuvo que las exigencias propias del empalme no constituyen una razón válida para modificar las reglas legales que rigen la contratación estatal ni para flexibilizar disposiciones relacionadas con la jornada laboral de los funcionarios públicos.
El Consejo de Estado fue más allá y advirtió que principios como la eficacia administrativa, la continuidad del servicio o la celeridad de las actuaciones estatales no pueden invocarse para desconocer procedimientos expresamente establecidos por la ley.
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Con base en esto, el alto tribunal concluyó que existen indicios de una posible vulneración de normas superiores en materia laboral y de contratación pública y ordenó la suspensión provisional de la resolución.
Todo, mientras avanza el estudio de fondo de la demanda, una decisión que representa un revés jurídico para una de las medidas impulsadas por el Gobierno Petro en la recta final de su mandato.
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- ¿Por qué el Consejo de Estado suspendió la resolución del Dapre sobre días hábiles durante el empalme presidencial?
- El Consejo de Estado decretó una medida cautelar de urgencia que dejó sin efectos la resolución del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) debido a presuntas irregularidades legales. La norma del Gobierno saliente de Gustavo Petro buscaba habilitar fines de semana y festivos entre julio y agosto de 2026 para agilizar trámites administrativos y contractuales antes de la posesión de Abelardo de la Espriella, lo cual vulneraba normas de contratación pública y derechos laborales.
- ¿Qué pasa con los trámites y contratos adelantados durante los fines de semana declarados hábiles por el Dapre?
- Tras la suspensión cautelar de la resolución dictada a raíz de la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia), todas las actuaciones administrativas y contractuales que dependían del conteo de términos en fines de semana y festivos quedan congeladas provisionalmente mientras el tribunal resuelve de fondo la demanda de nulidad.
- ¿Qué impacto político y administrativo tiene esta decisión judicial en la transición de gobierno entre Petro y De la Espriella?
- La decisión representa un revés jurídico directo para la administración de Gustavo Petro en sus semanas finales de mandato. Al impedir la aceleración de trámites contractuales en días no laborales, se frena el cierre exprés de procesos de contratación estatal dentro de la Casa de Nariño, garantizando mayor veeduría y control legal durante la entrega de mando al presidente electo, Abelardo de la Espriella.
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