Durante el gobierno de Gustavo Petro se habló de diferentes escándalos que “pusieron en riesgo la gestión pública”, según “El libro de la verdad” o “libro blanco” presentado por la nueva administración de Abelardo de la Espriella. Entre esos casos, se destaca la denuncia del presidente que habla de una “nómina paralela” compuesta por 900.000 contratos de prestación de servicios durante el gobierno Petro.
El primer mandatario calificó esos contratos como “corbatas” y habló de un “uso desmedido” de esa figura de vinculación, que supondría un pasivo contingente (obligación, gasto o deuda potencial) por $5 billones de pesos.
En el documento, entregado a las cabezas de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, se reúnen denuncias sobre presuntas irregularidades detectadas durante el gobierno anterior, y fue elaborado a partir de hallazgos recopilados por el equipo de empalme del nuevo gobierno.
Según el vicepresidente José Manuel Restrepo, se trata de una muestra de más de 80 casos que se identificaron durante la revisión de diferentes entidades. Sin embargo, de esos, el Gobierno destacó diez; entre ellos, el de la “nómina paralela”.
Los casos incluyen a los sectores de Presidencia, Defensa Nacional, Función Pública, Inclusión Social y Reconciliación, Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Educación y Hacienda y Crédito Público.
1. Las nóminas paralelas
En cuanto a las nóminas paralelas, De la Espriella denunció hasta 900.000 contratistas de prestación de servicios, lo que se califica como un “uso desmedido” de esa figura.
Esta práctica, según lo expuesto en el documento, “vulnera los límites normativos y expone a la Nación a un pasivo contingente que se cuantifica en billones de pesos”. Concretamente, se habla de más de $5 billones.
Entre las consecuencias se habla de que “los programas sociales sufren interrupciones constantes cada vez que vence un contrato”, de “millonarias indemnizaciones judiciales por demandas laborales” y de plata que “debería destinarse a inversiones más estratégicas para el desarrollo del país, como escuelas, hospitales y otra infraestructura pública”.
Según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, hay información de varias entidades donde, semanas antes de que Petro dejara el poder, hubo un aumento desaforado de contratos.
Eso se traducía, incluso, en que no había lugar para trabajar. Entre esas entidades están los ministerios de Cultura, TIC, Vivienda y Ambiente, o la Aerocivil.
De esta última, se conoció que mandaban a los funcionarios a deambular por los aeropuertos porque no había lugar para ellos en las oficinas, y tampoco claridad de qué ponerles de trabajo.
2. Irregularidades en la UNGRD
De la Presidencia de la República se pone, como número uno, la “baja ejecución, recursos inmovilizados y fallas de trazabilidad contractual” de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
El caso detalla que la entidad “registró una ejecución acumulada de apenas el 4,3 % de su apropiación total de $15,3 billones”, equivalentes al 82,8 % del Sector Presidencia, según la plataforma SIIF Nación II, utilizada para gestionar la información financiera de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.
Se destaca que los estados financieros de 2024 fueron calificados como “no razonables” por la Contraloría General, que no aprobó (o feneció) la cuenta fiscal por una incertidumbre de $1,29 billones. En otras palabras, que hay presuntas inconsistencias o falta de soporte.
Según expone Carlos Ríos, director del Dapre, hay $856.289 millones girados anticipadamente, $240.289 millones pendientes de reintegro de convenios vencidos según la Contraloría y $282.990 millones destinados a obras de reducción del riesgo “cuya trazabilidad debe precisarse”.
A eso se suma un decreto para trasladar cerca de $4 billones a la entidad al final del Gobierno Petro, suspendido por el Consejo de Estado. El decreto habilitaba a la UNGRD a ejecutar recursos mediante negociaciones directas, omitiendo procesos de licitación pública.
Todo lo anterior tiene el trasfondo del que es, tal vez, el mayor escándalo del Gobierno Petro: cerca de $2 billones quedaron en juego y Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector, respectivamente, revelaron que usaron esa plata para pagar millonarias coimas —$3.000 millones para el presidente del Senado, Iván Name y $1.000 millones para el presidente de la Cámara, Andrés Calle— para aceitar el trámite de las “reformas sociales” en el Congreso.
3. Sentencia que protegía la niñez usada para contratación billonaria
El segundo caso tiene que ver con la Sentencia T-302 de 2017, que ordenó proteger a la niñez del departamento de La Guajira. Con base en esta, el gobierno Petro suscribió “1.085 contratos por $1,78 billones” entre 2022 y el 9 de julio de 2026, “pasando de 6 contratos por $443 millones en 2022 a 332 por $557 mil millones en 2026.
Según el documento, el 94,3 % de los recursos fue ejecutado por el ICBF (Bienestar Familiar) Regional La Guajira, “sin que ese incremento sostenido se traduzca en mejoras verificables en el bienestar de las comunidades”.
A su vez, la Procuraduría advirtió desde 2024 demoras contractuales, procesos desiertos, afectación a 80.000 familias y la ausencia de un censo confiable de beneficiarios.
En otras palabras, se habría repartido la contratación “sin tener certeza de a quién estaba llegando la ayuda”. En 2025, el ente de control reiteró la alerta y dijo que “la atención de 102.000 niños estaba en riesgo por los mismos retrasos que ya había denunciado un año antes”.
4. Desfinanciación de Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026
Justo después, se menciona la “desfinanciación” del programa de subsidios Colombia Mayor, entre agosto y diciembre de 2026.
El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que los recursos se agotaron en julio, pese a que habían sido asignados para cubrir todo el año. Según el alto funcionario, tampoco se dejaron mecanismos de contingencia para responder a las coberturas previstas.
“El gobierno anterior amplió el programa sobre la expectativa de cofinanciación de $3,2 billones en un documento CONPES que no se concretó”, dice el documento, “dejando sin respaldo presupuestal los pagos correspondientes a los cinco ciclos restantes restantes del año, de agosto a diciembre, por cerca de $630 mil millones mensuales”.
En otras palabras, el gobierno Petro amplió el programa contando con que recibiría aproximadamente $3,2 billones en financiación, pero ante la no concreción del CONPES, que en esencia es un documento clave en temas de planeación, los recursos no quedaron garantizados en el presupuesto, dejando a miles de beneficiarios en vilo.
Para cerca de 3 millones de adultos mayores sin pensión, dice el documento, “Colombia Mayor constituye en muchos casos el único ingreso monetario mensual”.
Vale recordar que De la Espriella prometió ampliar este subsidio a hasta $400.000 pesos mensuales. Hoy está entre $80.000 y $230.000, dependiendo de la edad y otros factores.
Le puede interesar: “Se perdió el rastro” de $1,38 billones en la UNGRD, denunció gobierno de De la Espriella en el “Libro de la verdad”
5. Grupos armados expandieron control territorial , mientras el Ejército perdió capacidad de respuesta
Defensa fue otro de los sectores afectados, de acuerdo con el informe. Dice que “el Ejército tiene un déficit presupuestal de $14 billones y la inmovilización de gran parte de su capacidad aérea: “solo 8 de 19 helicópteros MI-17 están operativos y 18 de 49 UH-60 no están disponibles por mantenimiento o falta de recursos”. Asimismo, en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 131 de 386 aeronaves no están operativas y solo el 52 % está disponible para volar”.
Mientras tanto, dice el informe, los grupos armados crecieron: el clan del Golfo pasó de 5.500 integrantes en 2022 a 10.000 en 2025, el Eln de 5.800 a 6.800 y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc de 3.500 a 4.500 integrantes. En esas, el reclutamiento de menores aumentó de 151 en 2022 a 386 casos en 2025, flagelo subregistrado.
Los datos son diferentes en un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), cuyo borrador fue conocido preliminarmente por EL COLOMBIANO a principios de agosto.
Según este, la organización ilegal que más creció entre diciembre de 2022 y julio de 2026 fue el clan del Golfo, que pasó de 4.061 a 10.268 (152% más); mientras que el Eln aumentó de 5.851 a 7.123 (22%) combatientes.
Hubo dos grupos que se fracturaron y sus nuevas divisiones también sumaron más integrantes al conflicto armado. El Estado Mayor Central al principio contaba con 3.576 miembros; ahora la facción que lidera Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”) tiene 4.480, y la que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) suma 3.001.
La Segunda Marquetalia tenía 1.415 combatientes; tras la división en noviembre de 2024, se quedó con 584, pero la facción que se separó, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ya tiene 2.359.
Esto fue en el contexto de la política de “paz total” de Petro, su principal apuesta para enfrentar la violencia. Según el informe de la FIP, la política fracasó por factores como “los tiempos políticos, el interés criminal de los grupos o por estrategias de seguridad fallidas”, así como “por un diseño institucional y jurídico deficiente que, desde el inicio, destinó a cada una de las mesas de negociación a atravesar crisis recurrentes y a situar al gobierno en el lado débil de la negociación”.
6. Fonigualdad pagó 140.910 millones a empresa sin soportes de que se cumpliera su finalidad
Del Ministerio de la Igualdad, uno de los principales fracasos del gobierno Petro, hoy en proceso de liquidación, hay otra denuncia. Está relacionada, concretamente, con Fonigualdad, un fondo paralelo de esa entidad.
Un grupo de contratos entre ese Fondo y la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S, por $140.910 millones, “carece de soportes que acrediten que el suministro de personal en misión contribuyó al cumplimiento de la finalidad del fondo.
Según la exsenadora Paloma Valencia, quien hizo la denuncia inicialmente, se “usaron recursos de inversión para contratar burocracia”, en plena época de elecciones al Congreso y a la Presidencia.
Y, en un documento, la Contraloría General habló de un “riesgo inminente de afectación al patrimonio público”. Esto no implica que la plata ya se haya perdido, pero sí que haya riesgo de que los recursos se hayan utilizado sin poder demostrar que fueran destinados a lo que supuestamente les correspondía.
7. “Engaño” de la reforma agraria, tierras entregadas sin títulos
Otra denuncia tiene que ver con que, según el “informe de empalme”, citado en el “Libro blanco”, el Fondo de Tierras de la Reforma Agraria de Petro entregó 351.463 hectáreas, pero solo 98.148 “cuentan con registro pleno ante Instrumentos públicos, mientras 206.273 se entregaron en forma provisional”.
Adicionalmente, una investigación publicada por La Silla Vacía reveló que, pese a la expansión presupuestal y operativa de la Agencia Nacional de Tierras durante el gobierno Petro, la reforma agraria no alcanzó las metas fijadas.
Los registros oficiales muestran que la compra de tierras apenas cumplió el 6,38 % del objetivo establecido y la formalización llegó al 38,01 % de la meta del Plan Nacional de Desarrollo.
La compra de tierras para el Fondo de Tierras alcanzó apenas 95.665 hectáreas, equivalentes al 6,38 % del objetivo de 1,5 millones de hectáreas. En formalización de predios, el avance también fue inferior a lo proyectado, con 1.509.996 hectáreas formalizadas de una meta de 3.972.423 hectáreas.
A su vez, la Contraloría cuestionó que la Agencia Nacional de Tierras pagó casi un billón de pesos por 537 predios comprados a la Sociedad de Activos Especiales, sin que la propiedad de esos bienes quedara consolidada a nombre de la Nación. Esto se cita en el informe y se añade que, de esos, solo tres completaron el proceso de registro.
8. Patrimonio negativo y pérdidas millonarias en Air-e
En temas de energía, el “Libro blanco” describe que Air-e, empresa que lleva luz a cerca de seis millones de personas en el Caribe e intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios., “quedó con patrimonio negativo y billones en pérdidas”. Esto, ya que pasó de un patrimonio de “más de $2,22 billones en 2023”, a “-$377.662 millones en 2025, con pérdidas acumuladas de $2,59 millones”.
El reporte dice que “dos auditorías financieras se absutiveron de opinar por falta de evidencia suficiente” y que “se registraron $2,69 billones en deterioros contables sin soporte suficiente”, además de tres investigaciones en curso en Fiscalía.
El documento resalta que “Más de 1,3 millones de familias, es decir, 5,9 millones de personas de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira dependen de la empresa Air-e para tener luz en su casa”, por lo que “ya hay afectaciones en los usuarios” en temas de tarifas, en pleno fenómeno de El Niño. También se habla de “numerosas evidencias” de contrataciones “irregulares”, pero no se explica cuáles son.
9. Irregularidades en el Fomag
El Fomag es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Es decir, una cuenta especial que maneja salud, pensiones y cesantías de los profesores del sector público. El “Libro blanco” habla de “ineficiencia administrativa” y “más de $548.000 millones en hallazgos fiscales” entre 2023 y 2025.
En una auditoría de la Contraloría, revelada a finales de julio, hubo hallazgos que incluyen pagos de mesadas pensionales a personas fallecidas, desembolsos irregulares y recursos destinados a cubrir obligaciones que no le correspondían al Fondo. En total, el organismo detectó un presunto detrimento patrimonial por $176.795 millones, solo durante la vigencia de 2025.
El informe habla, en total, de 61 hallazgos: 23 con incidencia fiscal, 54 con presunta connotación disciplinaria y 4 con presunta incidencia penal.
A esto se suman, dice el documento, los cuestionamientos sobre diez contratos de transacción por cerca de $1,2 billones, suscritos en 2023 y 2024.
“Detrás de esas cifras hay una realidad mucho más difícil: maestros esperando una cita, un especialista, un medicamento o un tratamiento, y familias tratando de encontrar una respuesta en un sistema que todavía no logra funcionar como debería”, se lee.
En pensiones también hay retrasos e incumplimientos, mientras que las demoras “se han convertido en intereses, sanciones y mayores obligaciones con prestadores, consumiendo recursos que deberían destinarse al bienestar del magisterio”.
Le puede interesar: Así se calcularon los $30 billones en pérdidas que deja el terremoto en Colombia; la cifra podría aumentar
10. “Bomba de tiempo” fiscal
Finalmente, se habla del manejo de la deuda pública y las operaciones con títulos de Tesorería (TES). El vicepresidente Restrepo cuestionó que se hubiera elevado del 50% al 100% el límite de adjudicación mediante la emisión de estos títulos y señaló que las tasas de colocación —las que los bancos y entidades financieras cobran a personas y empresas por prestarles recursos— se ubicaron entre el 13% y el 15%.
En términos sencillos, Restrepo explicó que estas decisiones tendrán efectos sobre las finanzas públicas en los próximos años. “Este es un golpe silencioso al bolsillo de los colombianos”, afirmó, al advertir que una mayor proporción del presupuesto nacional tendría que destinarse al pago de deuda e intereses.
El informe agrega que “la deuda antigua contratada a tasas bajas fue reemplazada por obligaciones a tasas casi del doble, que el país pagará durante décadas”.
En resumen, se habla de un posible detrimento patrimonial, por lo que la Contraloría remitió el caso a la Procuraduría. “Una bomba de tiempo fiscal heredada por decisiones que hoy están bajo la lupa de los entes de control”, dice el “Libro blanco”.
Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.
Bloque de preguntas frecuentes
- ¿Qué es el “Libro de la Verdad” en la administración pública?
- Es un documento elaborado durante la fase de empalme gubernamental que consolida presuntas irregularidades, hallazgos fiscales y situaciones de riesgo patrimonial detectadas en entidades del Estado durante la administración saliente.
- ¿Qué implica un hallazgo fiscal detectado por la Contraloría General?
- Un hallazgo fiscal indica un presunto daño económico o mal uso de los recursos públicos, lo que inicia un proceso sancionatorio o de responsabilidad para recuperar los fondos afectados.
- ¿Cómo afecta la desfinanciación de programas sociales como Colombia Mayor?
- La falta de apropiación presupuestal compromete giros mensuales a beneficiarios sin pensión, obligando al Ejecutivo a buscar adiciones presupuestales o recursos de contingencia para sostener la cobertura.
Regístrate al newsletter