Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer de 23 años, señalada como presunta responsable de instrumentalizar a su propia hija menor de edad para fines de explotación sexual y comercialización de contenido íntimo con un ciudadano extranjero.
La investigación penal que condujo a este resultado judicial se inició en diciembre de 2025, tras la captura en Medellín de un ciudadano estadounidense. En los dispositivos electrónicos del extranjero, las autoridades hallaron abundante material audiovisual que involucraba a la menor de edad, el cual era difundido de manera ilegal a través de redes sociales.
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Labores de inteligencia y el análisis de datos establecieron que, entre mayo y noviembre de 2025, el ciudadano extranjero y la procesada mantuvieron conversaciones constantes en las que se pactaba el envío de los archivos íntimos a cambio de transacciones económicas. Según el ente acusador, esta práctica ilícita se habría ejecutado en al menos seis ocasiones.
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