En un hecho sin antecedentes recientes, el presupuesto del Gobierno Central para el presente año será recortado en 1,5 billones de pesos, es decir quedará en 124 billones de pesos.
Así lo anunció el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien señaló que esta medida se tomó con el fin de enfrentar la revaluación del peso.
El mandatario aclaró que el recorte no aplica para el programa de Seguridad Democrática, ni para infraestructura y los planes sociales (educación, el Bienestar Familiar, el Sena y Familias en Acción).
"Hemos pedido recortar gastos de funcionamiento en el caso de reducir viajes, celulares y programas. Quiero invitar a todas las entidades públicas a que hagamos esto. Es hora de hacer esfuerzos y tomar decisiones en materia de austeridad", señaló Uribe al inaugurar el X Congreso Nacional y I Internacional de Servicios Públicos, que se realiza en Cartagena.
El jefe de Estado señaló que el recorte busca sortear los "nubarrones de la economía y restablecer una tasa de cambio competitiva que proteja el empleo de sectores que han hecho esfuerzos en productividad". Explicó que estas reducciones deben hacerse con cuidado, particularmente ahora, cuando existen presiones inflacionarias.
Uribe indicó que los estímulos tributarios que se han hecho para atraer inversión al país, no se pueden poner en riesgo "por estas dificultades de la economía mundial, como el alza en los combustibles, los alimentos y la depreciación del dólar".
Con la revisión del presupuesto, inusual si se tiene en cuenta que faltan seis meses para terminar el año y que la vigencia fiscal está en plena ejecución, el Gobierno da un viraje que atiende el llamado insistente de gremios y analistas, sobre la necesidad de un apretón "inmediato y significativo".
Varias veces el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo que la capacidad de maniobra era limitada y que el pago del pasivo pensional, las demandas judiciales y las necesidades en infraestructura, dejaban poco margen para un ajuste mayor.
El ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, considera que el Gobierno debe ser coherente entre los anuncios y los hechos. "No es lógico comprometerse con un ajuste mientras al tiempo se aumenta 50 por ciento los salarios de los diputados y se anuncian bonificaciones a los alcaldes".
Por su parte, el presidente de Analdex, Javier Díaz, propone que se desmonte de una vez por todas el subsidio a la gasolina, que en 2009 costará entre cinco y seis billones de pesos del presupuesto.
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