El suspenso en el que quedó la elección del nuevo contralor General luego de una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca genera dudas sobre un proceso que podría ser más simple.
Para entender un poco este tema que parece ser tan lejano y propio de los pasillos del Palacio de Justicia y del Capitolio, hay que empezar por el evento del jueves en la noche, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un acto que se está volviendo tradición en el país, suspendió a través de una decisión de tutela, el trámite de reemplazo de la contralora Sandra Morelli Rico, que termina su periodo el próximo 31 de agosto.
El tribunal bogotano tomó, como medida cautelar, la decisión de suspender la elección del exprocurador Edgardo Maya Villazón, como candidato de la Corte Constitucional para la Contraloría. Y por ende, también puso en veremos el trámite que debe dar, durante el primer mes de la próxima legislatura el Congreso en pleno.
Para el demandante, Carlos Mario Isaza, que fue uno de los que compitió dentro de la Corte Constitucional por la nominación, se presentaron una serie de irregularidades que ponen en entredicho la legalidad de la venia que le dio a Maya Villazón el máximo tribunal constitucional.
Según la decisión de los magistrados del Tribunal, Isaza tuteló "con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, a la participación política mediante el acceso a cargos públicos y al debido proceso".
Agregó que, "se dio una interpretación errónea de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 77 del reglamento de la Corte Constitucional, omitiéndose efectuar una tercera votación, pese a que en las dos primeras no se consiguió la mayoría absoluta para seleccionar al candidato".
De igual forma, el jurista afirmó que Maya Villazón no se encontraba inscrito en la segunda convocatoria y sobre la cual se debía efectuar la elección del ternado para suceder a Sandra Morelli.
Por eso es que se pidió a "la Corte Constitucional que se abstenga de presentar ante el Congreso de la República al candidato elegido, hasta tanto no se adopte una decisión de fondo de la presente tutela".
La Constitucional, para que los magistrados del Tribunal decidan la tutela, deberá rendir informe de cómo fue la elección de Maya y tiene dos días después de la notificación para enviar al Tribunal el reglamento de la Corte y una copia de todas las actas en las sesiones que se realizaron para la elección del candidato a la terna de contralor, así como una copia de la lista de los aspirantes de la primera y segunda convocatoria.
Al respecto, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exaspirante a la terna, Jaime Arrubla, señaló a Colprensa, que según lo que conoce "el reglamento de la Corte Constitucional es muy amplio en el sentido que le permite al tribunal volver a revivir candidatos anteriores. Que esto sea oportuno políticamente y sea bien visto, es otra discusión".
La función electoral
Las altas cortes, como cabezas de la Rama Judicial en su especialidad; la Corte Constitucional como guardián de la Carta Magna; el Consejo de Estado como máximo tribunal contensioso-administrativo; la Corte Suprema como líder de la Jurisdicción Ordinaria y el Consejo Superior de la Judicatura que tiene a su cargo el componente administrativo y disciplinario de la Rama; además ser jueces, tienen funciones electorales.
Es decir, en su potestad y funciones constitucionales tienen que fallar y además intervenir en el nombramiento de altos cargos del Estado. Ya sea determinando quién lo ocupará directamente, como sucede con el fiscal General o conformando ternas para que el Congreso elija, como en el caso del contralor.
Esa función "extra" de las cortes surge, entre otras razones porque "hasta antes de la Constitución de 1991, se consideraba que este tipo de tribunales se habían vuelto endogámicos, que estaban aisladas, alejadas del colombiano promedio. Entonces les cambian la forma de elegir a sus miembros que hasta entonces se hacía a través de la cooptación y como contrapartida les dan la posibilidad de designar altos cargos, con lo cual, a la vez, se limitaba el poder del presidente de la República.", indicó el abogado constitucionalista Antonio José Núñez.
El presidente vio disminuida su influencia en otros cargos de los que tenía mayor control. Fue el caso del contralor, por ejemplo, que antes era elegido por el Congreso de una terna enviada por el primer mandatario.
Pero a la vez ocasionó una particularidad que hoy, 23 años después de promulgada la Constitución se hace evidente: "se politizó la Justicia", como indicó, entre otros, el ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez.
Es decir, los unos se eligen a los otros y pareciera que se pagaran con otras nominaciones o cargos. Entonces se ve a exmagistrados del Consejo de Estado fungiendo luego como procuradores, o magistrados de la Corte Suprema que pasan al Consejo de la Judicatura. Más aún, como indicó el experto Núñez, "se ve que no hay personaje importante en la Rama Judicial que no tenga primos, hijos, hermanos, novias, esposas, nombradas en otros órganos vinculados".
Y al parecer, ese pago de favores de unos a otros, podría haberse hecho evidente en la elección de algunos ternados a la Contraloría.
Para tratar de corregir esta situación, el Gobierno presentará al Congreso, en la próxima legislatura que empieza el 20 de julio, una reforma que, entre otros cambios, modificaría el régimen de elección de varios altos cargos del Estado.
"Las actividades nominadoras y electorales pueden afectar y creo que, en efecto, están afectando el prestigio. Nada más le quitan tiempo a los magistrados, le quitan tiempo a las cortes. Esa es una reforma que está pendiente, que podemos estimular y aprobar en los próximos meses", indicó el presidente Juan Manuel Santos durante la posesión de la nueva magistrada de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz.
Uno de los mecanismos de corrección podría ser, de nuevo en voz de Núñez, "aumentando la edad de retiro obligatorio de 65 años y aumentando los periodos; porque es claro que la capacidad de razonar no sufre con la edad, de manera que puedan acceder personas que tengan gran experiencia y conocimiento, sin que tengan ambiciones personales que vayan más allá de la dignidad que ostentan".
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