A las seis de la tarde, un planchón cruza el río San Juan, norte del Urabá antioqueño, con una solemnidad involuntaria: desde alguna emisora tropical suena el himno nacional. En las riberas, los camioneros pelean contra el fango para posicionarse de primeros. Los motores rugen, los encargados gritan, los cables de acero rechinan y los insectos asedian. Es la hora pico en el San Juan y el caos tiene su coreografía.
Llegar hasta aquí ya es un logro. Los conductores que atraviesan el Urabá en dirección al norte del país deben sortear primero una carretera con huecos tan grandes como camiones de carga antes de enfrentar este último desafío: cruzar el río en planchón, desde febrero, cuando la ola invernal dejó inutilizable el puente del municipio.
Lo que para las instituciones ha sido un trámite pendiente, para esta comunidad se convirtió en otra prueba de una habilidad que lleva años perfeccionando: arreglárselas por su cuenta a raíz de la desidia institucional.
La espera para abordar el planchón puede llegar a ser larga, hasta dos horas en promedio, que se suma a la casi hora y media que toma atravesar esa pista de rally que es la carretera entre Necoclí y San Juan, de apenas 24 kilómetros.
En la fila “chupan” todos: ricos y pobres, blancos, negros, mestizos e indígenas. El de la camioneta de lujo hasta el del humilde campero. Reses en camiones y hasta los difuntos transportados en un coche fúnebre quedan atrapados en el trancón. Siquiera estos últimos ya no cargan afán.
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A la par que la fila avanza, en los corrillos de conductores y sanjuaneros se da un animado debate: quien arreglaría más rápido el puente, ¿los chinos o los japoneses?
Mientras tanto, sobre el herido puente se vive otra dinámica, un grupo de jóvenes muy bien organizado se encarga del cobro por el cruce peatonal improvisado.
Ómar, uno de ellos, comenta que los peatones pagan mil pesos y las motos seis mil por ida y vuelta. A una señal, otro joven de ojos claros y voz ronca de tanto gritar —llamado El Popular 15— hace una señal levantando una paleta de pare y siga, y detrás de él avanzan peatones y motos de un extremo a otro. Durante el cruce él es la única autoridad que indica quien lleva la vía.
Pese al frenetismo de la operación todo fluye con un orden inexplicable.
El pueblo se salva así mismo
Desde el extremo occidental del río, un grupo de hombres vigila la operación de los planchones, que pueden llegar a ser entre 11 y 15, mientras estos atraviesan el crecido río. Son hombres amables y educados que explicaron con lujo de detalles cómo es que a la misma comunidad de San Juan nuevamente le tocó meter el hombro para salir del embrollo en el que hoy se encuentran por culpa de la naturaleza, pero también de la desidia del Gobierno Nacional.
Comenzaron indicando que la emergencia provocada por la caída del puente sobre el río San Juan no solo fracturó la movilidad de este municipio de 31.000 habitantes, sino que dejó al descubierto la capacidad de organización de una comunidad que, ante la lentitud institucional, decidió construir sus propias soluciones.
Detallaron que si bien la crisis comenzó a sentirse desde el 31 de enero, cuando el río empezó a crecer de forma inusual llegando hasta el margen de la carretera y la copa de varias palmeras, el momento crítico llegó el 2 de febrero cuando la corriente terminó llevándose la cabecera del puente, dejando incomunicadas a casi 7.000 personas de cinco veredas y el barrio San Juan Oriental; pero también a San Juan del norte del país.
En la víspera, al sitio llegaron tanto la Gobernación de Antioquia como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para analizar la situación. En esos primeros días, la solución ofrecida por el Estado —temporal y más rápida—, sería la instalación de un puente militar.
Pero desde el principio la comunidad cuestionó esa alternativa. Según explicaron, se intentó aplicar la misma solución utilizada en el río Mulatos pese a las diferencias técnicas y urbanas del caso de San Juan.
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“Nos quisieron tratar como Mulatos que es rural, pero nuestro puente está dentro de un área urbana. Acá no solo cruzan carros y camiones sino también gente a pie porque este puente conecta a los sanjuaneños con todos los servicios de la región como colegios, universidades, hospitales. Por eso el militar no nos sirve”, explicó otro líder.
La cuestión es que con el paso del tiempo, como dice el adagio popular, no fue “ni chicha ni limonada”. O sea, ni puente militar ni obras de recuperación de la vieja estructura. A raíz de esta situación los locales comerciales y los almacenes se fueron quedando sin alimentos. Y sin puente, el desabastecimiento era inminente.
Desde ese momento, la comunidad asegura que se dieron cuenta de que debían enfrentar solos la emergencia. Los primeros en reaccionar fueron los pescadores y lancheros locales, quienes usaron las embarcaciones para movilizar personas, carga y alimentos. “La primera prueba de la resiliencia de los sanjuaneros fueron los lancheros”, afirmó otro de los líderes.
Con el paso de los días, los métodos de transporte improvisado fueron evolucionando. Aprovechando la vocación bananera del municipio —que antes del colapso del puente llegó a mover 35.000 cajas de banano semanales, casi tantas como Turbo— llegaron las garruchas.
“Eso se colocó acá como método para pasar las cargas, tanto el plátano como los alimentos para sostener los negocios”, explicó uno de los comerciantes.
Luego algunos habitantes construyeron un puente peatonal rudimentario que permitió el paso de personas por el maltrecho puente, que hoy se sostiene sobre el río gracias a unos tubos que son aptos únicamente para terrenos secos.
Los planchones
Pero la necesidad de mover vehículos y sostener la economía agrícola impulsó una nueva etapa: los planchones. Estas enormes estructuras de madera, acero y plástico son obras de inteligentísimos sanjuaneños como “El Pollo” Cedeño, Emiro López, Jorge Layera y “Soldaloco” que a punta de observación empírica construyeron las estructuras que todavía mantienen vivo el paso vehicular.
La evolución fue rápida. El primer planchón servía únicamente para pasar motos. Luego se construyeron estructuras más grandes capaces de transportar peatones, carros y carga agrícola.
Hoy, uno de los planchones principales fue construido con unas 120 canecas y tiene capacidad estimada para soportar entre 10 y 12 toneladas. “Puede cargar tres vehículos livianos o un camión con cinco o seis toneladas”, explicó uno de los operadores.
En la zona han operado entre 11 a 15 planchones de diferente tamaño. Actualmente operan tres grandes que fueron construidos por asociaciones de comerciantes locales, que en un fin de semana pueden mover más de 150 vehículos. Estos para operar requieren 10 operarios por que se encargan de maniobrar vehículos, controlar los cables y operar manualmente el sistema.
Controversia por cobros
Claro, como todo gran suceso, la aparición de los planchones no estuvo sujeta de polémica. La principal fue el cobro por usarlos. En redes sociales y sectores externos surgieron críticas acusando a los propietarios de aprovecharse de la emergencia.
Los dueños de los planchones rechazan esa versión. Explican que la construcción de los planchones surgió inicialmente para resolver sus propias necesidades comerciales, ya que muchos son los comerciantes del pueblo, y para evitar el colapso económico del municipio.
“Nunca lo visionamos como un negocio. Era una solución para nosotros mismos”, aseguró uno de los comerciantes.
Según relataron, con el paso de los días y ante la petición de la misma comunidad de permitirles usarlos para cruzar o para mover vehículos, se acordó un cobro organizado para tal fin. El tema de las tarifas se calculó inicialmente tomando como referencia los valores ya existentes para motocicletas. “Si una moto pagaba 10.000 pesos, pensamos entonces que un carro debía pagar alrededor de 30.000”, explicaron.
También sostuvieron que a raíz de lo esencial del servicio —y como esta no es su principal actividad económica— se acordaron tarifas diferenciales para habitantes, ambulancias y mototaxistas.
“Las ambulancias tenían trato diferencial y a los peatones incluso se les permitió pasar gratis hasta que se hizo el puente peatonal. Mucha gente cree que nosotros nos estamos aprovechando, pero eso es falso. Nosotros también estamos perjudicados y creemos que antes estamos brindando una solución. Ya cada quien analizará si la asume o no”, explicaron.
El paro del 12 de mayo
La tensión aumentó el pasado 12 de mayo, cuando los propietarios de los planchones y líderes sociales convocaron un “plantón educativo”.
Ese día suspendieron temporalmente la operación de planchones y del puente peatonal. En la jornada, el comercio de San Juan también cerró en señal de protesta.
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La manifestación buscaba visibilizar ante el departamento y el país la crisis que padecen y así presionar respuestas institucionales. Según la comunidad, la intención era generar conciencia entre los propios habitantes y el resto del país de que los planchones no pueden ser la solución definitiva mientras el gobierno se acuerda del municipio.
“Queríamos que Colombia supiera que aquí hay un pueblo llamado San Juan de Urabá que lleva más de tres meses incomunicado”, afirmaron.
Ante el cese, a San Juan le llovieron críticas por la protesta que paralizó la zona. “Pero si uno se pone a mirar, no fue un paro en el sentido estricto de la palabra, porque no estábamos cerrando un servicio oficial como es esta vía nacional. Lo que hicimos fue ‘parar’ lo que nosotros mismos habíamos construido. Y si hablamos de paros, ¿este puente no está parado desde que se le cayó un pedazo hace ya casi cuatro meses?”, explicó uno de los organizadores.
Por fortuna el cese de actividades duró poco, pues el plantón derivó finalmente en una reunión el 13 de mayo entre la comunidad y el Invías. Allí se retomó el debate sobre el puente militar y las obras de relleno necesarias para estabilizar la estructura.
En el encuentro la comunidad reconoció que pese a que la vía es del orden nacional y potestad del Invías, la Gobernación de Antioquia cumplió algunos compromisos técnicos hechos en febrero como era la realización de las pilas para la futura estructura militar.
Sin embargo, la percepción frente a Invías es completamente distinta. Pues aparte de que la dirección de la entidad apenas vino a dar cara en la región más de 100 días después de la falla en el puente, la promesa de que llegaría maquinaria los días 18 y 19, así como el inicio de obras, sigue sin cumplirse. Es más, los habitantes de San Juan denuncian que aún hoy, a casi cuatro meses de caído el extremo del puente, no existen contratos claros, ni cronogramas, ni destinación de recursos oficiales para tal fin.
“Hoy no hay un contrato para la rehabilitación del puente de San Juan. Aquí no ha venido nadie a decirnos: vamos a hacer esto, así y en tal fecha” aseguró uno de los voceros comunitarios.
La larga espera
La desconfianza creció aún más cuando comenzó a circular el rumor de que las obras de construcción del puente militar serían asumidas por el mismo contratista encargado del corredor San Juan–Necoclí, la trocha que es capaz de desbarajustar una culebra, algo que para los sanjuaneños es inadmisible.
“Creen que somos una comunidad que no está organizada y que tiene que agradecer las migajas”, expresó otro habitante.
Hoy en día, la única presencia del Invías en la zona es una pequeña bodega hecha con unos plásticos negros donde se guarecen algunos elementos. “Del tamaño de la carpa, se sabe cómo va a estar el circo”, comentó con tino uno de los sanjuaneros.
Frente a ese panorama, la petición final de la comunidad es concreta: priorizar una solución definitiva basada en el relleno estructural del extremo dañado del puente y también garantizar un paso peatonal seguro y permanente.
“El Invías dijo que no se puede, pero los ingenieros de la comunidad que estuvieron en la reunión dicen que si todas las soluciones —como el puente militar y el nuevo puente— llevan finalmente a un relleno, entonces que lo hagan de una vez.”, resumió uno de los líderes.
La comunidad insiste en que el puente militar sólo tendría sentido como medida temporal inmediata, algo que no ocurrió. “Si el puente militar lo hubieran puesto al día siguiente, habríamos hecho una fiesta. Pero ya vamos para cuatro meses y acá no hay nada”, lamentó otro habitante.
Hoy, mientras los planchones continúan sosteniendo la movilidad del municipio, el sentimiento predominante en los sanjuaneños es de incertidumbre y de incredulidad ante el plazo dado por el Invías de concluir el puente militar el 31 de julio.
Los habitantes de San Juan de Urabá aseguran que no están pidiendo privilegios ni nada del otro mundo, sino una solución digna para una región estratégica que durante meses ha tenido que sobrevivir prácticamente sola, pese a que el corredor que la atraviesa cruza por Medellín y va hasta la Guajira bajo el pomposo nombre de Transversal de las Américas.