Transformar el ciclo cultural de la violencia es un desafío para la sociedad colombiana. A ello le apuntan el proceso de desmovilización iniciado en el presente gobierno y la puesta en marcha del programa de reinserción a la vida civil y económica de quienes han dejado las armas. Un edificante ejemplo para cualquier nación en conflicto y en búsqueda de la paz.
Pese a las múltiples dificultades que conlleva la reinserción, entendemos que quienes han tomado la valiente decisión de decirle NO a la guerra, no pueden dejarse abandonados a su suerte.
Sería inhumano y poco inteligente cerrarles la puerta de la civilidad a aquellos que, con sincera voluntad, quieren reintegrarse al mundo de la legalidad y del progreso.
Hay que tener especial cuidado con la forma de vincularlos a la sociedad, sin estigmatizarlos y la garantía de que serán tratados con la dignidad que todo hombre se merece. Es fundamental comprender de dónde vienen y cuáles fueron los motivos para dejar las armas: ¿Amenazas contra la vida? ¿Necesidades económicas? ¿Deseo de una nueva vida? ¿Poder disfrutar la familia?
Un modelo eficaz de reincorporación tiene que incluir entonces un acompañamiento psicosocial y de salud; educación; generación de ingresos; atención a las víctimas; formación técnica y vocacional, asesoría jurídica; fortalecimiento institucional y trabajo comunitario. El fin es proporcionarles al desmovilizado y a su familia una capacitación integral que lo fortalezca en valores humanos y en las competencias sociales y profesionales para una exitosa integración.
El comisionado de Paz y alto consejero para la reintegración social y económica, Frank Pearl, afirmó recientemente que su despacho atiende cada semana a más de 100.000 personas en 716 municipios, en los aspectos arriba señalados.
Y el municipio de Medellín tiene convenios con colegios, universidades e instituciones de educación no formal, con la intención de realizar un proyecto ágil y con profundidad académica que les permita, a quienes así lo deseen, realizar estudios superiores.
Sin embargo, es urgente aumentar el compromiso del sector privado. No basta con los 479 empresarios que han respondido al llamado del Gobierno. Hasta ahora, 6.792 desmovilizados están ubicados laboralmente, pero desalienta que entre octubre de 2007 y marzo de 2009 sólo se hayan concretado 880 puestos laborales, con un mercado potencial de 3.803 empleos, por la falta de la culminación del proceso de capacitación. Razón suficiente para que el empresariado intensifique su ayuda.
No podemos olvidar que la responsabilidad para alcanzar una convivencia pacífica es de todos. No sólo del Gobierno. La solidaridad del sector privado es esencial para que, conociendo los fructíferos procesos de formación integral que se están desarrollando, tengan confianza en los desmovilizados y los contraten o aporten dineros para la implementación del programa.
Como lo hemos afirmado en reiteradas ocasiones: no podemos estar bien si los que están al lado no lo están.
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