Las autoridades de gobierno municipal y departamental, con el Inpec, la Defensoría del Pueblo, la Policía, la Personería, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura, llegaron ayer a un acuerdo para buscarle solución al problema de la retención de presos en calabozos de las estaciones de policía y juzgados.
El personero Rodrigo Ardila informó las conclusiones: la Policía trasladará los reclusos a las cárceles más cercanas. Y los internos que se encuentran en las estaciones de policía serán admitidos en Bellavista. "El Consejo Superior de la Judicatura recibirá la información del Inpec de los establecimientos con su correspondiente cupo", dijo.
Ayer, la Mesa de Derechos Humanos protestó para exigir la libertad de 600 presos de Bellavista que, dicen, ya tienen lugar a ese derecho. Y reclamó mejores condiciones en la atención de salud.
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