La discusión relativa al proceso de paz se ha concentrado sobre la falsa dicotomía entre la justicia y la paz, valores que se presentan como absolutos, enfrentados.
No hay nada más conveniente para los contradictores del proceso de paz que la discusión permanezca en torno a ese paradigma reduccionista. Al mismo tiempo, no hay nada más equivocado para quienes lo defienden que limitar su discusión a la falsa dicotomía.
Genera perplejidad que el Gobierno continúe explicando los dilemas del proceso de paz en estos términos. Dijo el presidente Santos recientemente: "Estamos (…) en una discusión muy interesante y enriquecedora, para lograr ese balance ideal en el que la justicia ceda un poco para que la paz sea posible".
La discusión puede ser muy interesante, pero es poco enriquecedora para el proceso. Lo que hace es simplificarlo y concentrarse sobre una de sus dimensiones que divide.
La discusión abstracta sobre el supuesto balance entre justicia y paz no ha sido ni será resuelta. Hay escritos extraordinarios y otros, sencillamente, deshonestos; pero ninguno resuelve la tensión. La justicia no es un valor definido homogéneamente. Tampoco es una cosa que se concreta en la expresión penal; de hecho, el derecho penal (hoy en apogeo y manoseado) no produce mucho más que castigo, ni verdad ni rehabilitación ni prevención.
La discusión en concreto sobre el balance entre la justicia y la paz está plagada de sesgos en contextos específicos; lo estuvo en Uganda, en El Salvador, en Sudáfrica (tan maltratada) y en Bangladés, como en cualquier otro lugar que hayan sacado a relucir en la discusión.
El debate colombiano ha sido particularmente falaz. Los ordóñez, cristos y santos de este mundo han concentrado su discusión en torno a las atrocidades perpetradas por las Farc-EP. La discusión gira en torno al castigo necesario o suficiente para los miembros de las guerrillas.
Al país no hay que movilizarlo para condenar y castigar las atrocidades perpetradas por el enemigo del Estado. Las mentalidades y sensibilidades nacionales plasman su antipatía por estos hechos y condenan las atrocidades cometidas por este grupo guerrillero. El aparato de justicia no ha sido benigno con ellos. No hay expresiones de negación social en relación con las atrocidades perpetradas por los guerrilleros.
El panorama en relación con los otros, de los que no se habla, es contrario. En el caso de las atrocidades perpetradas por los agentes del Estado, la reacción del cuerpo social y del aparato de justicia ha estado calificada por la negación. Se niegan literalmente los hechos, o se interpretan de tal manera para limitar las responsabilidades a unas cuantas manzanas podridas, negando las responsabilidades superiores.
Las atrocidades cometidas bajo el manto de ley son la piedra en el zapato de la que nadie habla. Son estos –los crímenes estatales– los que realmente tienen encendido el debate; pero nadie los menciona explícitamente. La negación los ha engullido.
El debate requiere más honestidad, menos Maniqueísmo, y participación efectiva de todos por fuera de las dicotomías propias de la guerra. Un pacto político con las Farc-EP no resuelve todos los problemas del país, pero sí despeja el camino para cambios sociales valiosos. No hay un balance mágico entre paz y justicia; hay decisiones políticas, que pueden ser más o menos honestas, que pueden contribuir a permitir cambios deseados por una gran mayoría.
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