Entre hoy y el próximo martes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tendrá que pronunciarse frente a dos recursos de reposición, luego de que a mediados de diciembre se negara la solicitud de urgencia medidas cautelares de suspender el proceso de venta de Isagén que adelanta el Gobierno del 57,66 por ciento de propiedad que tiene en Isagén.
Una de las reposiciones la interpuso Rodrigo Toro Escobar, mandatario del grupo Dueños de Isagén, que reúne a 420 empleados, extrabajadores y jubilados de la tercera generadora de electricidad del país.
La acción popular que presentó el 15 de noviembre pasado, no está en contra de la privatización, pero alega que los decretos que le dan vía libre limitan la opción del sector solidario para adquirir una participación mayoritaria en la primera etapa de venta. El 12 de diciembre el magistrado Felipe Alirio Solarte Maya denegó la medida cautelar.
“Nos reunimos el 16 de enero con el defensor del Pueblo delegado para Asuntos Constitucionales y Legales, quien pidió al Tribunal pronunciarse con carácter de urgencia. Estamos a la espera de una respuesta en justicia con el sector solidario”, señaló Toro Escobar, exgerente financiero de Isagén.
El otro recurso de reposición es iniciativa del abogado Guillermo Andrés Rodríguez, apoderado del expresidente Álvaro Uribe, al considerar que el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano no estudió a fondo la demanda y sus argumentos sólidos y probatorios frente al detrimento patrimonial que significa privatizar a Isagén.
“Si se niega la medida cautelar, acudiremos a otros mecanismos de nuestra estrategia judicial para frenar la venta. Por ahora, le anticipo que vamos a solicitar al Consejo Superior de la Judicatura (rector de los jueces) una vigilancia especial a este proceso”, reveló el abogado Rodríguez a este diario.
Otra acción de nulidad radicada por Dueños de Isagén en el Consejo de Estado desde el 26 de septiembre de 2013, pasados casi cuatro meses, aún no ha tenido respuesta alguna ni se ha admitido.
Sin una decisión a favor de los demandantes, aunque los procesos judiciales siguen su curso, para mediados de febrero se espera que el Gobierno indique cuánto porcentaje vendió en la primera etapa de oferta y de cuánto fue la demanda por parte del sector solidario (ver gráfico).
Justamente, ese ciclo comenzó el 19 de noviembre y cerró el 20 de enero de pasado, ofreciendo la acción a 3.178 pesos a trabajadores, sindicatos, cajas de compensación, jubilados, fondos de pensiones. Los mandantes de Dueños de Isagén tuvieron plena libertad de participar.
“Sé que varios trabajadores, extrabajadores y pensionados compraron acciones dentro de sus posibilidades, cuyo total solo se sabrá al cierre de la primera etapa, pero no creo que supere el uno por ciento de la participación de la Nación”, concluyó Toro.
Las cuentas del Gobierno son vender menos de 7,6 por ciento en esa fase y subastar el control de la compañía, en todo caso más del 50 por ciento más una acción de Isagén, entre varias empresas, nacionales y extranjeras interesadas en una subasta que se llevaría a cabo entre abril o mayo (ver recuadro).
“El mercado energético colombiano es atractivo por su crecimiento pero tiene altas barreras regulatorias para ingresar a él o crecer en generación más allá de unos topes. Por eso una de las formas más expeditas de ingresar para un jugador extranjero es vía adquisiciones”, puntualiza Alejandra Méndez Chaves, analista de renta variable de la comisionista Serfinco.
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