En el municipio Río Iro, Chocó, construyeron un puente que valió 250 millones de pesos, pero su ubicación quedó a dos kilómetros del lugar original en el que Colombia Humanitaria había decretado la afectación que a principio de 2011 ocasionó las lluvias. Hoy, el puente funciona, pero no en el lugar en el que se necesitaba.
Este puente, junto con otros 97 proyectos fueron demandados por Colombia Humanitaria por asuntos como el traslado de la obra sin autorización, su abandono o simplemente el no inicio de la misma. Un conjunto de inversiones cercanas a los 77.000 millones de pesos. Los departamentos en donde más se ha presentado demandas han sido Boyacá, Bolívar y Valle del Cauca. A la fecha, 17 procesos han sido archivados.
Recordemos que el paquete inicial de obras que tenía proyectadas Colombia Humanitaria era de 4.283 con una inversión cercana a los 5,3 billones de pesos que sirvieron para reparar los daños de la emergencia que ocasionaron las lluvias de finales de 2010 y principios de 2011.
La liquidación que no llega
En este sentido, ¿por qué no han liquidado Colombia Humanitaria? ¿Qué va a pasar con estas obras demandadas?
Desde enero de este año Roberto Zapata, asumió la gerencia de Colombia Humanitaria, en reemplazo de Everardo Murillo, quien fue gerente desde diciembre de 2010. Zapata adelanta las labores de cierre que espera se den antes del 31 de diciembre, recordando que la fecha para su liquidación era julio de 2013.
Entre los factores para que el proceso se haya extendido están las demandas y también la demora de algunos de los contratistas. "Hay que tener en cuenta que hay obras que están siendo ejecutadas por otras entidades que se han tomado más tiempo del que se ha previsto inicialmente y eso requiere de nuestro acompañamiento", explicó.
Zapata sostiene, además, que aunque la situación de las demandas es "delicada" no se pueden convertir en un obstáculo para liquidar la entidad.
"Muchas veces se puso la denuncia y eso generó que se corrigieran los errores, que no se repitieran. El propósito nuestro siempre ha sido encausar las cosas para que no se presenten problemas", indicó.
El funcionario destacó el caso de Boyacá, en el que 16 obras fueron demandadas porque los contratistas se desaparecieron con la plata. "Hubo unas conductas que se presentaron en forma muy repetida especialmente en Boyacá, en donde se advirtió que ciertos contratistas se estaban volando con los anticipos. Nosotros actuamos rápidamente y eso permitió, por una parte, poner las denuncias, frenar la situación y que los municipios impusieran unas acciones en el marco de las pólizas para recuperar el valor de los anticipos. Así la gran mayoría de las obras se pudieron ejecutar una vez las compañías de seguro devolvieron los recursos que los contratistas se apropiaron", explicó Zapata.
Los casos complejos
También el funcionario explicó el caso del municipio de Sabana de Torres, Santander, en donde una obra de la Corporación Autónoma de Santander por 12.000 millones de pesos no se ejecutó como se esperaba. "Encontramos que hubo una ejecución, pero no se cumplió con el propósito con el que se habían girado los recursos. Es decir, la obra que se hizo no cumplió con los cometidos para los cuales fue entregado el presupuesto y eso obviamente nos disparó todas las alertas. El contrato ya se terminó, el convenio está en proceso de liquidación, pero no contamos con una respuesta acertada por parte de la Corporación".
Muy parecido fue el caso del municipio chocoano Río Iro en el que su alcalde, William Alberto Mosquera, asegura que no sabe por qué construyeron el puente a dos kilómetros del lugar donde debía hacerse.
"Pusimos una tutela para que Colombia Humanitaria reconozca esa obra. Aunque sabemos que el puente se construyó en un lugar distinto nuestro argumento es que en el sitio donde se construyó también se necesitaba. Por ahora hay que esperar a que la tutela diga qué hacer porque lo que dice Colombia Humanitaria es que el municipio debe devolver los recursos, pero no tenemos de dónde devolver $250 millones", explicó Mosquera.
En el caso de Valledupar, Cesar, en donde está la obra demandada más grande ya que compromete recursos cercanos a 32.000 millones de pesos, Zapata explicó que se trata de un contrato de administración y ejecución de recursos para el manejo y entrega de ayuda humanitaria y que la demanda fue por apropiación de gastos sobre recursos no ejecutados. El proceso está en indagación preliminar.
"Los alcaldes han hecho efectivas las garantías para poder ejecutar las obras. Nuestro interés no es buscar procesos penales sino ejecutar las obras y que esas obras le sirvan a la comunidad. Es importante destacar que de esa magnitud de recursos solamente este numero de procesos, 98, es significativo para nosotros y quiere decir que en el resto hubo buena gestión".
En Tamalameque, Cesar, hay dos obras que suman 450 millones de pesos, una de ellas es un puente de 20 metros que buscaba unir un corregimiento con la cabecera municipal y que serviría para que los campesinos sacaran sus productos. Sin embargo, la alcaldesa Olga Rojas aseguró que no sabe cómo hacer para que se hagan.
"Las obras que contrató el municipio ya las terminamos todas. Hay dos obras pendientes, pero la plata la mandaron para el departamento y eso nunca lo han hecho. Le solicité a Colombia Humanitaria que se abriera otra cartera a nombre del municipio, pero no ha sido posible. No sé por qué no han hecho el puente, no tengo ni idea", dijo la mandataria.
El alcalde de Chimá, Córdoba, Francisco Banda, indicó que la obra de Colombia Humanitaria que tiene problemas en su municipio tuvo una inversión de 9.000 millones de pesos, de los cuales, según la entidad nacional, resultaron afectados $230 millones ya que se ejecutaron las obras en un sitio diferente.
"El objeto del contrato era cambiar un terraplén que llevaba 16 años sin ser intervenido, pero lo que se hizo fue intervenir los sitios críticos de una de las vías afectadas por la lluvia. El asunto es que mientras no se cambie el terraplén cada vez que llueva la zona se va a inundar", dijo Banda.
Otro dolor de cabeza
El gerente de Colombia Humanitaria destacó, además, que han tenido problemas con las interventorías. "No tuvimos una relación directa con los contratistas sino las autoridades territoriales. Encontramos un vacío muy grande en el trabajo que han hecho los interventores. En buenahora nosotros establecimos un modelo de seguimiento, aparte del trabajo de los interventores, que es el que nos ha dado las herramientas para poder trabajar porque los interventores están en deuda con nosotros. No nos sentimos respaldados, no han aportado suficiente".
De las obras que se están ejecutando indicó que hay rezagos en Chocó, Valle del Cauca y Cundinamarca y explicó que en estos casos lo que pasa es que no se han hecho con la celeridad que se esperaba. Esto en contraste con los departamentos que van muy bien con la ejecución y con los que están a punto de cerrar los convenios como Antioquia, Quindío y Atlántico.
Mientras Roberto Zapat a continúa tratando de liquidar a Colombia Humanitaria, en Río Iro insisten en que el puente que se construyó en un lugar equivocado funciona: "pasan motos y carros todo el día. Le aseguro que si se hubiera hecho en el otro sitio estaría sin uso", dijo el alcalde Mosquera.
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