Las normas que habilitan al Procurador general para aplicar sanciones, entre ellas la destitución incluso a los funcionarios elegidos popularmente, llevan vigentes 22 años. Sólo cuando se aplicaron a una exsenadora de izquierda y al alcalde de Bogotá, también de esa tendencia, vinieron a aparecer como perversas para muchos.
Ahora dicen que normas internacionales prohíben que una autoridad distinta a un juez penal, prive a alguien de derechos políticos. Pero nuestra Constitución organiza el poder de control de la Procuraduría. ¿Es inconstitucional la Constitución? Esta argumentación puede traer efectos colaterales peores para Colombia: nuestro país esgrime la prevalencia de la Constitución sobre el derecho internacional como fundamento para "no aplicar" la sentencia de la Corte de Justicia de La Haya que nos quitó el mar Caribe...
Dicen también ahora que un servidor público elegido popularmente sólo puede salir del cargo condenado por un juez penal. Samuel Moreno Rojas seguramente estará muy de acuerdo con ese planteamiento. Él, que no ha sido condenado, habría terminado tranquilamente su cuatrienio.
La semana que terminó mostró desajustes institucionales graves: el Fiscal General de la Nación tomó partido abiertamente por una persona investigada, prejuzgó y amenaza procesar al Procurador por cumplir con sus funciones. Lo dicho: más que fiscal, es un abogado defensor.
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