El Ministerio de Defensa deberán construir un monumento a los 27 militares que perdieron la vida en la base de Las Delicias, en Puerto Leguízamo, Putumayo, después de un ataque del Bloque Sur de las Farc, perpetrado el 30 de agosto de 1996.
La determinación la dictó el Consejo de Estado, después de emitir la segunda condena a la Nación por la cruenta toma guerrillera, donde también resultaron heridos 16 uniformados y 60 fueron secuestrados. En ese sentido la Nación deberá de pagar 624 millones de pesos, para indemnizar a los familiares de dos de los uniformados y de uno de los lesionados durante la incursión armada.
Esta se convierte en la última determinación de tres que se dieron en torno a este hecho, calificado como la más grave toma guerrillera en la historia de conflicto armado en el país. Según informes de Inteligencia del Ejército, alrededor de 500 subversivos participaron en la acción violenta.
En la decisión del Consejo de Estado se ordenó que el Ministerio de Defensa y las Fuerza Militares deben de pedir perdón público por los errores cometidos en las labores de inteligencia, que desencadenaron en la decena de muertos, heridos y secuestrados.
Así mismo, la providencia judicial, determinó que en un plazo de 30 días la Procuraduría, la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación deben de rendir un informe detallado sobre las investigaciones a los militares que incurrieron en estas fallas del servicio.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, deberá preparar otra rendición de cuentas, acompañada de organismo internacionales, acerca de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario sucedidas a raíz de la toma.
El 14 de junio de 1997, el presidente Ernesto Samper aceptó el despeje de una zona de Cartagena del Chairá donde las Farc le entregaron a una comisión del gobierno los uniformados que fueron secuestrados en esta toma. Hecho que fue rechazado por el comandante del Ejército, general Harold Bedoya.
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