Llaman "lentitud de la justicia" el Ministro de la Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares, a las razones que llevaron a un juez de garantías a dejar en libertad a 17 militares investigados por el caso de tres jóvenes de Soacha, desaparecidos y asesinados, en uno de los tantos presuntos falsos positivos que siguen sin aclararse.
Y tienen toda la razón el ministro Silva Luján y el general Padilla de León en hacerlo, en atribuir a la "lentitud", al vencimiento de términos, el que un caso de semejante magnitud siga sin resolverse, pese a todo lo que significa para la sociedad colombiana. Por eso, el hecho de que quienes acompañan al Presidente de la República al mando de la Fuerza Pública, pidan pronto esclarecimiento y estén dispuestos a brindar "plena colaboración" en las investigaciones conducentes a saber qué les sucedió, entre otros, a Jáder Palacio, Diego Tamayo y Víctor Gómez hace año y medio, debe significar algo más que un simple pronunciamiento.
Es más, lo que acaba de suceder, la libertad de las personas vinculadas, no debe afectar lo que ya se ha adelantado hasta el momento. Y como a la gente hay que creerle, pues no queda otra que esperar que lo que dice la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López, sea tal cual: "las personas fueron dejadas en libertad, pero la investigación continúa. El proceso penal no termina".
Lo que uno no entiende, y eso para comenzar con los derechos de los propios militares, es cómo pasan 209 días sin que se les llame a audiencia de juicio, mientras que, y eso no es culpa nuestra, digo, de los periodistas, se conocen cada vez más y más detalles de la terrible suerte que corrieron Palacio, Tamayo y Gómez.
Los tres salieron de su barrio, Ducales, en Soacha, en agosto de 2008, seducidos por una persona que hizo las veces de reclutador y que les ofreció diez millones de pesos. Luego, ese mismo hombre los llevó a Ocaña y los entregó a unidades del Batallón Santander. Días después los tres aparecieron muertos y reportados como miembros de la guerrilla. Quienes participaron en la acción, dice una versión, fueron felicitados antes de que Palacio, Tamayo y Gómez terminaran "dados de baja".
Esas y otras situaciones más comprometedoras son las que llevan al Fiscal General, Guillermo Mendoza Diago, a decir que había "justas causas" para que el juez no abriera esa puerta que vuelve a poner en entredicho la eficacia de un sistema que, más allá de la operatividad, debe seguir ganándole la lucha a la impunidad.
Porque, igual, sería impunidad que los militares, en caso de ser responsables, no paguen un delito de semejantes proporciones. Como impunidad sería el hecho de que sean inocentes y se les condene, o que se les mantenga como ahora, en la picota pública. Y es que, más allá de las evidencias, el único que tiene la balanza en sus manos es el juez. Lo inadmisible es lo otro, el suspenso, la agonía. Como inexplicable resulta que, incluso una alta corte se haya tomado 45 días para resolver una solicitud de traslado del lugar del juicio, que estaba obligada a decidir en 72 horas.
La justicia debe ser igual para todos, dice un viejo principio. Claro que sí. Pero no menos, como pasa en la mayoría de naciones, la justicia debe ser ejemplar. Y no puede el Estado colombiano seguirse dando el dudoso lujo de considerar los llamados falsos positivos como un caso de baranda. Por eso, aquí no caben más dilaciones: señores, justicia pronta y cumplida.
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