Representantes de la izquierda celebraron la decisión del Consejo de Estado en la que le devolvió la personería jurídica al partido de la Unión Patriótica (UP). Sin embargo, hicieron un llamado para pedir garantías y ejercer la oposición en el país.
La presidenta del Polo Democrático, Clara López, declaró que si bien celebra la decisión y la considera necesaria, manifestó que recuperar una personería jurídica que nunca ha debido ser retirada no es suficiente.
“Para hacer política alternativa y política de izquierda en el país se necesita mucho más que una personería jurídica”, declaró López, quien explicó que los partidos de oposición enfrentan muchas dificultades para mantenerla, por lo que también se necesitan más garantías para ejercer plenamente la actividad política en el país con igualdad de condiciones.
En el mismo sentido, se pronunció el exmilitante de la Unión Patriótica y exconcejal Carlos Romero, quien también se mostró satisfecho con la decisión de la Corte. “Hay que devolverle o por lo menos plantearle a Colombia un sistema democrático que sea capaz de darle garantías a todos los grupos de oposición”, declaró.
Tanto Clara López como Carlos Romero coincidieron en señalar que el complemento necesario al reconocimiento de la personería jurídica de la UP consiste en establecer una verdadera democracia que le permita a la oposición tener acceso a organismos como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Lo anterior, con el fin de poder ejercer cierto control sobre temas electorales, que en la actualidad están exclusivamente en manos de personas que hacen parte de la Unidad Nacional.
A su turno, el representante Iván Cepeda, hijo del asesinado senador de la UP, Manuel Cepeda, calificó la decisión como un “gesto trascendental de justicia y de reparación para las víctimas de la violencia política en el país”.
Para él, este es un primer paso que sobre lo que debe ser un verdadera reparación política y también destacó la necesidad de rodear de garantías a los miembros de un movimiento que víctima de un genocidio.
“Este nuevo hecho en la historia del país debe llevar a una reflexión profunda a la mesa de negociación entre Gobierno y Farc, en el sentido de que los movimientos políticos que surjan de un eventual proceso de paz no pueden contar con la misma suerte que corrió la UP”, dijo Cepeda.
Además, añadió el representante que “deben darse garantías plenas para la participación política y la democracia en Colombia”, porque aún hace falta que la justicia ordinaria reconozca que el genocidio a la UP existió y su consecuencia fue la pérdida de la personería jurídica.
