En la dinámica de las relaciones sociales, cuando los actores se encuentran en polos opuestos, un tercer elemento común de contradicción termina por unirlos. Lamentablemente este es el panorama que se vive en el país. Los trabajadores del sector agrario, ahora secundados por artesanos de la minería, así como por integrantes del sector transportes, de la educación, y otros, se han unido en un gran movimiento de protesta materializado a través de paros y marchas, unas más pacíficas que otras, algunas francamente violentas.
Estos movimientos tienen una causa común: el desempleo, la desocupación, la falta de oportunidades de promoción, la frustración, la ausencia de estímulos. Es decir, la inconformidad de quienes se sienten ofendidos y olvidados por el Estado, por los partidos políticos y en general por las instituciones.
Al lado opuesto del camino se encuentra otro gran sector de inconformes: los padres de familia cuyos hijos no pueden asistir a clases o cuyos docentes en solidaridad no atienden sus deberes diarios como maestros. Los propietarios, administradores y demás personas responsables de tiendas, salsamentarias, almacenes, centrales de abasto y demás puntos de venta, cuya actividad normal se ve obstruida por la falta de transporte, por los desmanes ocasionados por las marchas; los dueños, conductores, ayudantes y demás personal vinculado al transporte; los enfermos, las personas de la tercera edad, los constructores, distribuidores y demás artífices de distintos oficios, cuyas actividades se obstaculizan por la beligerancia de los manifestantes.
Se trata de dos clases de inconformes, o como dicen los españoles, de indignados, opuestos y en contradicción en cuanto a los motivos de su inconformidad, pero cada vez más unidos en torno a lo que podría denominarse un "enemigo común". El Estado, las instituciones, sus voceros oficiales.
Los manifestantes, porque consideran que las instituciones, oficiales y no oficiales, públicas o privadas, los han abandonado, por ausencia de políticas de desarrollo y comercialización y de planes de inclusión y promoción social. Los padres de familia, amas de casa, propietarios y afines, porque consideran que lo que sucede se debe a la falta de autoridad, de dirigentes y de representatividad institucional. Ambos sectores se convencen que lo que está sucediendo se debe a una enorme crisis institucional, con un gran desprestigio para los responsables de la democracia representativa y participativa.
Corresponde a la alta dirigencia del país, con el Presidente de la República a la cabeza, asumir el reto que significa la reconstrucción de la institucionalidad y su real representatividad, y ello no se logra con simples expresiones de solidaridad como sucedió la semana pasada por parte de gobernadores, alcaldes, congresistas y gremios, ni afirmando que detrás de los movimientos hay personas interesadas en crear el caos. El problema es más de fondo, se requieren acciones para hacer que los inconformes acudan a la vocería institucional y sientan que sus solicitudes son debida y oportunamente escuchadas y atendidas, sin que sea necesario acudir a las vías de hecho para obtener alguna respuesta seria n
* Expresidente del Consejo de Estado
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