Para determinar la existencia de una acusación tan grave como si hubo fraude electoral en las elecciones del pasado domingo, hay que presentar por lo menos pruebas que vayan más allá de la sola sospecha. Y por parte de la autoridad electoral, habría que ofrecer mayor confianza, que no se quedara en la mera declaración de que el fraude "es imposible". La Misión de Observación Electoral (MOE) ha explicado la facilidad con que se puede incurrir en la adulteración del voto: con un simple resaltador amarillo minutos antes de cerrar las mesas es suficiente para suplantar a los votantes que no se presentaron a marcar el tarjetón.
Es urgente afinar los mecanismos electorales. Esa cantidad inconcebible de votos nulos son un escándalo, y aquí nos quedamos tan tranquilos.
También hay que plantearse si es verdad que el Congreso elegido el 9 de marzo es ilegítimo. Si este lo es, lo serían todos los escogidos por lo menos desde hace diez elecciones, todas tan parecidas en sus vicios y manchas. La alta abstención es un mal arranque para la legitimidad de la institución, ciertamente. Pero si el 57 % de la población no vota es porque no quiere, ¿paralizamos las instituciones mientras discutimos su legitimidad? Entre otras cosas, ¿por qué votos que hace ocho y cuatro años fueron recibidos con agrado, hoy son malos o "atípicos"? Para muchos, puede quedar la duda de si ahora es ilegítimo porque el apoyo electoral no fue el esperado.
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