La Fiscalía General de la Nación anunció que abrió de forma preliminar una investigación penal por presuntas irregularidades en el cobro, facturación y recaudo de la segunda fase de la valorización en Bogotá.
El ente acusador tomó esta decisión luego de una denuncia presentada por una ONG, en la que se denunciaban irregularidades en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en los procedimientos para los cálculos de las tarifas de los cobros.
Un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción fue designado para llevar adelante esta investigación.
Según la Fiscalía, se buscará "establecer los presuntos hechos punibles que sean constitutivos de corrupción administrativa y que afecten la moralidad en la función pública".
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