Mientras aumentan las revelaciones del espionaje ejercido por el Gobierno estadounidense en América Latina, especialmente en Brasil, México y Colombia, se hace más notorio el silencio oficial del país del norte, que incluso exigió ayer a China detener el ciberespionaje y robo de datos a empresas estadounidenses.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer, en la apertura del Diálogo Estratégico y Económico entre ese país y China, que ambos se beneficiarían "de un internet abierto, seguro y fiable. El robo cibernético que las compañías estadounidenses experimentan debe ser visto como fuera de todo límite".
Sin embargo, la atención del mundo permaneció en el tema del espionaje internacional, a cuyo debate se sumó la afirmación de expertos que señalan que muchas naciones conocían de antemano tales actividades de inteligencia.
Dicha tesis se fortaleció tras conocerse, por información publicada en el diario brasileño O Globo, que cuatro de las 16 bases que la inteligencia de E.U. tenía en el mundo se ubicaron en Caracas, Bogotá, Ciudad de Panamá, Ciudad de México y Brasilia.
"Existe la posibilidad de que buena parte de estas actividades hayan tenido el conocimiento y la aquiescencia de algunos gobiernos que hoy se muestran sorprendidos", dijo a este diario el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario, Andrés Molano.
El experto argumentó que se trata de actividades de escucha de "alcance global" que sólo serían posibles por medio de un trabajo en red que involucre a varios estados. "Lo que sale a la luz es que no sólo E.U. escucha las conversaciones de los ciudadanos de otros países sino que esos estados tienen sus propios programas de escucha", añadió.
En el caso de Colombia, según dijo a medios colombianos el periodista Glenn Greenwald tras una conversación con el exanalista de la CIA Edward Snowden, miles de grabaciones y correos fueron interceptados con el conocimiento del Gobierno.
De otro lado, el periódico mexicano Excelsior denunció ayer que el gobierno del expresidente Felipe Calderón permitió en 2007 que el Departamento de Estado de E.U. "instalara en México un sistema de intercepción de comunicaciones que permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas".
No obstante, y a pesar de las denuncias, los gobiernos de Chile, Colombia, México, Ecuador, Venezuela, Brasil y Costa Rica han elevado sus reclamos a E.U.
"El Gobierno Nacional registra con preocupación la información de algunos medios de prensa sobre la existencia de un programa de recopilación no autorizada de datos y de interceptación de comunicaciones personales en Colombia, adelantada por la Agencia Nacional de Seguridad" de E.U., expresó la cancillería colombiana.
Una posición similar a la asumida por México, cuya Secretaría de Relaciones Exteriores dijo ayer que "como resultado de la información publicada, el Gobierno mexicano reiteró al Gobierno de E.U., por los canales diplomáticos, su exigencia de información amplia sobre el asunto".
Al respecto, la exministra de Defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez, afirmó que antes de hacer públicas este tipo de exigencias se deben analizar muchos elementos.
"Creo que Colombia tiene que ser muy analítica y entender que todos los países del mundo analizan qué amenazas internacionales existen, pues las redes transnacionales del crimen son evidentemente una amenaza para sus ciudadanos y para el sistema democrático", dijo en diálogo con El Colombiano.
"Más que ver a E.U. como enemigo, me asesoraría para saber el tipo de información que ellos supuestamente tienen de Colombia", añadió la exministra.
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