Medellín ha pagado un precio muy alto por buscar su felicidad. Su historia de los últimos 20 años (la de dos generaciones de jóvenes) nos muestra un esfuerzo extenso e intenso de alcaldías y ciudadanos empeñados en lograr una meta más que legítima: vivir en paz y recobrar el valor sagrado de la vida e incorporar al ADN cultural urbano una manera de ser y de pensar, alejada del dinero fácil, a cualquier costo. Son dos metas que, logradas a plenitud, se conjugarían fabulosamente con esos otros valores tan antioqueños de la laboriosidad y del progreso.
Pero hay todavía varios desajustes, nada despreciables, en la tarea de desarrollar esa mentalidad que sacralice el respeto por el otro y por la legalidad. Esos problemas están sostenidos por la cadena de muerte y delitos que cuelga de un fenómeno que nos ha costado los mayores desvelos y dolores: el narcotráfico. Es el narcotráfico el que, aparejado a otras prácticas criminales e interconectado con ellas, recluta a cientos de jóvenes para alcanzar sus propósitos de lucro desmedido, corruptor y asesino.
¿Quién les provee armas a los jóvenes de las laderas más pobres de la ciudad? ¿Quién cambia las rutinas de ocio y socialización de los combos y los convierte en bandas criminales que desprecian la vida? ¿Quién despierta en ellos esa mentalidad voraz por los lujos extravagantes y por fajos de dinero proveídos sin esfuerzo ni ley y obtenidos de la descomposición social y de los cadáveres de las víctimas de la droga?
Por eso, además de las medidas que ayer se anunciaron en el consejo de seguridad para frenar los desmanes de las bandas armadas en los barrios de la periferia, y en particular en la comuna 13 donde han rebrotado las balaceras y los territorios vedados, lo que queremos es llamar la atención del Gobierno y de los ciudadanos para que, de una vez por todas, y en miras de la oportunidad histórica de quiebres favorables por la convivencia y la ley que hoy tiene Medellín, les digamos no a la violencia y a los violentos. Hay que acosarlos y hay que rechazarlos más que nunca.
Tenemos el reto, como la sociedad en profunda transformación cultural que somos, de atacar, neutralizar y desmontar, en lo práctico y en lo simbólico, todas las expresiones que nos sugieran cohonestar o ser parte del crimen y de la violencia. Sobre todo porque Medellín no puede tener dos caras ni dos dimensiones: la de la ciudad amable, abarrotada de actividades culturales y comerciales y llena de vida que goza hoy la mayor parte de la gente, local y extranjera, y la de algunos focos de tensión, de barrios donde imperan bandas armadas que someten a la ciudadanía a la zozobra de sus balaceras y de sus "caprichos criminales". Combos de delincuentes que, además, perpetúan ese modelo funesto de que delinquir paga o de que sus felonías no tienen sanciones sociales ni penales.
Se requiere, entonces, la acción contundente del aparato estatal para defender a los ciudadanos inermes de las tropelías de esos grupos ilegales y violentos: Ejército, Policía, Fiscalía, DAS y sistema judicial. Pero también el momento demanda que toda la gente, la de los barrios de todas las condiciones, la ciudadanía organizada, le diga NO a cualquier oferta criminal. Ya las horas peores pasaron y Medellín no se puede permitir repetirlas. La sensación es unánime: nos merecemos una ciudad tranquila y capaz de solucionar sus conflictos pacíficamente. Queremos una ciudad de una cerrada militancia con la ley y el progreso. No puede ser de otra manera y a quienes nos niegan e impiden ese sueño habrá que cortarles el paso con toda la firmeza social posible.
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