La justicia ha sido lenta. La rapidez y severidad con la que se actuó contra David Murcia, que es la deseable, por ejemplo, sigue marcando un contraste para las víctimas de Interbolsa y sus diversos productos. Clientes que de buena fe llevaron sus recursos, buscando una rentabilidad lícita, aún no logran rescatar sumas significativas de sus patrimonios.
Es importantísimo que un escándalo que involucra a prestantes corredores de bolsa, en un descalabro financiero que ronda los 600 mil millones de pesos, encuentre la aplicación de justicia; es decir, la reparación de los afectados y el castigo de los autores intelectuales y materiales de semejante perjuicio al mercado de valores en Colombia y a sus clientes.
Las pérdidas en que están incurriendo muchos ciudadanos son significativas. El mismo superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, le dijo a este diario que aún están en riesgo esos 600 mil millones de pesos. La suma no es de poca monta y amerita que tanto el Gobierno como los entes de control y la Fiscalía aceleren los procesos que adelantan contra los presuntos responsables. Otra vez: pronta justicia.
En muchos de los damnificados hay cierta desesperanza. A la mano está el caso de las 818 personas naturales y jurídicas que presentaron al liquidador de Interbolsa S.A. un total de 1.117 reclamaciones, por valor superior a los 520 mil 126 millones de pesos. De dicha suma, solo fue reconocido el pago de acreencias por 171 mil 227 millones de pesos. Con un agravante: el liquidador tiene disponibles para pagar 163 mil 324 millones de pesos, de los cuales 93 mil 479 millones de pesos corresponden a deudas que previamente debe cobrar a deudores que, en muchos casos, no ofrecieron garantías reales.
La situación, mirada en detalle, resulta deprimente: si se tratase de cobrar lo adeudado, hoy, en efectivo solo hay disponibles en caja 146 millones de pesos. Una cifra tan irrisoria como desesperanzadora.
El temor de los presuntos implicados a terminar en la cárcel parece que está motivando la realización de acuerdos con la Fiscalía. En ellos debe primar el restablecimiento patrimonial de las víctimas, un asunto que no debería llevar tampoco a que las conductas contrarias a la transparencia y la legalidad con que debe operar el mercado de valores sean soslayadas por la Justicia.
Este diario consultó a los representantes de uno de los responsables y esta fue su respuesta: que se mantendrán, "como desde el primer día, a disposición de los diferentes actores (autoridades, víctimas, interventor, superintendencias), con el objetivo de colaborar con la búsqueda de una solución de fondo a este tema".
Hay, según la Fiscalía General de la Nación, 22 personas formalmente vinculadas al proceso. Este próximo 12 de noviembre habrá audiencia de imputación de cargos y solicitud de aseguramiento contra tres de los implicados. Ese día Colombia espera ver un avance vertical y efectivo, en especial como lo aguardan los defraudados, muchos en penosas situaciones económicas.
Pero no solo debe la Justicia actuar con prontitud y severidad. Interbolsa nos enseñó que los ahorradores, siguiendo un manejo prudente del riesgo, deben saber que cuando se ofrecen tasas de interés muy por encima del mercado aumentan el riesgo y la posibilidad de caer en estas situaciones.
Y cabe señalar que en este episodio fallaron la regulación y las entidades de control: la Superintendencia, la propia bolsa y el autorregulador del mercado, todos llamados a corregir.
En todo caso, debe haber una muestra de ejemplar justicia, pues se correría el riesgo de que aventuras especulativas como la de Interbolsa, en la que sus protagonistas jugaron literalmente con plata de terceros, se puedan repetir alentadas por el manto de la impunidad en Colombia.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
