Mientras los ministros Rafael Pardo (Trabajo) y Mauricio Cárdenas (Hacienda) y Roy Barreras (presidente del Congreso), se encuentran inmersos en la disputa de si es oportuno o no que el Gobierno Nacional presente en este período legislativo la reforma pensional, o si el Congreso cuenta con el suficiente número de neuronas para llevar a cabo ese debate simultáneamente con el de la reforma a la salud, sobre la mesa de la Corte Constitucional reposa la importante demanda de si en Colombia pueden existir pensiones oficiales que superen los 25 salarios mínimos mensuales (SMLV), demanda que de ser fallada en justicia, cerraría el infame hoyo de la inequidad por donde se han venido escurriendo los miles y miles de millones de pesos que, en buena medida, acabó con el sistema pensional del país.
De la reforma que presentó el ministro Pardo ante los medios de comunicación, poco hay que decir, pues, al juzgar por los desafinados comentarios hechos por el ministro de Hacienda, se trata solamente de un borrador y, al menos por ahora, esa reforma parece no estar entre las prioridades del Gobierno.
A lo que hay que hacerle estricto seguimiento más bien, es al curso que siga la demanda ciudadana contra el artículo 17 de la Ley 4, que desde el pasado 24 de enero, cuando en la sala de audiencias de la Corte Constitucional se adelantó la diligencia judicial en la que se expusieron las razones por las que se debería eliminar el régimen especial de pensiones, los "honorabilísimos" togados comenzaron con el consabido jueguito de los impedimentos, maroma a la que recurren cuando de ganar tiempo y desviar la atención se trata, para más adelante bien calladitos y cuando nadie se dé cuenta puedan fallar sin que se alborote el avispero.
Es repugnante que un sistema que fue concebido inicialmente para proteger en su vejez a los trabajadores menos favorecidos, con una mesada que les permitiera al menos suplir sus necesidades básicas, y que con el tiempo se hizo extensivo a todos los trabajadores que aportaran a un fondo común una suma acorde a su salario y a la mesada que recibirían luego (régimen único de prima media), fuera utilizado por un puñado de sinvergüenzas que aprovechando la facultad encomendada para elaborar las leyes (congresistas), o para interpretarlas (magistrados), resolvieran favorecerse de la manera más atrevida creando un régimen de pensiones a su medida.
Es así como estos individuos, luego de desempeñar esos cargos por espacio de 10 años, un año o un par de meses, se jubilan con mesadas que oscilan entre los 19 y los 30 millones de pesos, independientemente de si desempeñaron bien o mal sus funciones o de si llegaron a sus cargos ayudados por dineros sucios o movimientos al margen de la ley, o bien, de si están privados de la libertad (actualmente hay 30 en esas condiciones).
Entonces, como durante casi toda su vida laboral cotizaron con base en salarios bastante inferiores, sus pensiones tienen que ser subsidiadas en un 80% (ahí está el hoyo) por el Estado, mejor dicho, por todos los colombianos que encima de pagarles sus astronómicos sueldos, tenemos que asumir sus obscenas jubilaciones.
Hay que acabar cuanto antes con el tal régimen especial de que goza esa exclusiva casta de ciudadanos (1.032), porque es un beneficio arbitrario que atenta contra el derecho a la igualdad y al estado social de derecho. De lo contrario, aquí no habrá reforma pensional que valga.
El problema no es, pues, un asunto de neuronas, es de ética y de sentido social.
P. S. En la liberación de policías las Farc le hicieron "conejito" al presidente Santos.
Motivo vacaciones estaré ausente unas semanas.
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