Mientras el ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, se posesionó como alcalde encargado de Bogotá ante el juez primero civil municipal, crecía la polémica en toda suerte de espacios públicos y privados por la decisión del presidente Juan Manuel Santos de cumplir la orden del procurador para destituir a Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá. Incluso los que antes le exigían al primer mandatario que lo revelara del cargo, ahora lo cuestionan.
En su cuenta de Twitter el expresidente y senador electo, Álvaro Uribe Vélez, dijo: "Petro dice que Pte Santos le mintió Pte Santos no se puede jugar a hacer trampas (sic)". Minutos después el director del Centro Democrático volvió a trinar una nota en la que se decía que Petro recordó en su discurso que Santos se había comprometido a respetar la decisión que tomara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Pero las consecuencias de la decisión han trascendido las redes sociales y las fronteras, pues desde La Habana, Cuba, desde donde los negociadores de paz de las Farc dijeron que la destitución afecta la confianza en las negociaciones de paz.
El jefe negociador de las Farc, "Iván Márquez", dijo que la decisión "genera un impacto negativo en la mesa de conversaciones, por lo menos afecta de manera grave la confianza". El guerrillero agregó que "la confianza es un elemento importante en todo esfuerzo que se realice para buscar una solución política del conflicto". Mientras tanto, en la isla, aún no avanzan en el tercer punto de la agenda de paz, el narcotráfico.
Pero el apoyo por la decisión también llegó. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi (exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, DPS), Bruce Mac Master, respaldó la decisión de acatar el fallo de la Procuraduría y designar al ministro de Trabajo como alcalde encargado. Mac Master también aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuó irresponsablemente al proferir medidas cautelares "que pusieron en jaque la institucionalidad del país y en entredicho todo el sistema judicial nacional".
Uno de los beneficiados con la decisión, pues le dio respaldo, fue el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien resaltó como beneficio que se favoreció la institucionalidad. "Eso era lo esperado, es un espaldarazo a la institucionalidad, es una respuesta clara respecto a la existencia de instrumentos jurídicos y constitucionales en el derecho interno, donde los colombianos podemos defender nuestros derechos y garantizar el cumplimiento y la protección de ellos", señaló.
Acerca de si hay riesgos por desacatar las medidas cautelares dictadas por la CIDH, el Procurador dijo que "los organismos internacionales tienen competencias y tienen límites y aquí se presentó un claro desbordamiento de las competencias de la CIDH, por tal razón pienso que el presidente actuó prontamente y en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales".
Sobre el posible desacato, el director de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que la decisión, que calificó de "infortunada", no tiene precedentes y que puede dar lugar a una revisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con consecuencias para el país que tiene unas obligaciones jurídicas ante el tribunal.
"En la Convención Americana de Derechos Humanos del tratado del cual Colombia hace parte, forma parte del corazón de los derechos protegidos en este tratado, la Comisión le está pidiendo al Gobierno colombiano en una medida que no es de fondo, que suspenda la ejecución de la sanción, porque se producirían daños irreparables para el alcalde Petro y quienes lo eligieron", explicó Vivanco, que también dijo que "no cabía duda alguna" de que el presidente Santos tenía que acatar la decisión de la Comisión.
El vicepresidente, Angelino Garzón, preocupado por las fricciones que se puedan crear, dijo que está dispuesto a ayudar a restablecer las relaciones con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. "La política de derechos humanos sigue estando en cabeza del presidente de la República. Él me dijo que su interés es fortalecer las relaciones con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos", aseguró el funcionario.
El vicepresidente dijo que la prioridad por el momento que vive el Gobierno es concertar una reunión entre el presidente y "la Comisión para fortalecer las relaciones del sistema con el Gobierno Nacional", para lo que, dijo, tiene toda la "disposición".
Pese a la preocupación de Garzón, ya la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, había dicho que la medidas cautelares no son un mandato para los estados, sin embargo enviará una nota a la CIDH explicando las razones que llevaron al Gobierno a cumplir el fallo del Procurador.
Luego de que el presidente diera a conocer su decisión, la Canciller explicó que "las medidas cautelares no son parte de la Convención de San José, surgen de un reglamento que hacen los mismos comisionados, por lo tanto no son un mandato a los Estados. Por esta razón no son obligatorias esas medida. Lo que hacen es solicitar estas medidas cautelares, pero la palabra acatamiento no existe porque no son vinculantes, ni obligatorias para el estado".
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