La cobertura y el acceso real a la atención en salud dividen opiniones de pacientes, médicos, funcionarios y académicos. Mientras el Gobierno y estudios como los del Observatorio de la Seguridad Social de la Universidad de Antioquia, resaltan en la implementación del sistema de salud avances que han permitido cubrir a gran parte de la población en los últimos 20 años -al 94%-, directivos de asociaciones médicas y académicos opinan que tener el carné no garantiza el acceso.
Lo positivo
Jairo Humberto Restrepo Zea, coordinador del Grupo de Economía de la Salud, de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, señala como positivo del sistema “la cobertura del seguro de salud, el aumento de los recursos públicos y el mayor acceso de la población vulnerable y con menores recursos económicos”. Dice el académico que en el exterior y, especialmente en países de América Latina, el caso colombiano ha inspirado reformas que ven con buenos ojos aspectos como el plan de beneficios únicos para toda la población, conocido como POS.
En la misma línea opina Camilo Piedrahita Vargas, jefe del departamento de derecho de Eafit, quien se declara “crítico del sistema”, pero recuerda que “antes de la Ley 100 el aseguramiento era mínimo y la mayoría de los colombianos asumía los gastos en salud de su propio bolsillo”. Según el Observatorio de la Seguridad Social, del total del gasto en salud, el privado habría pasado del 52,3% en 1993 a niveles cercanos al 20% hoy.
“Siento la mejoría. En el último año dejé de pagar $34 mil mensuales en copagos de medicamentos”, dice Laura Montoya Urrea, cubierta por el régimen subsidiado.
Lo negativo
Sinembargo, los avances no garantizan que todos los usuarios se sientan satisfechos con la atención en salud. “He tenido que pagar por cuenta propia exámenes médicos muy costosos que debía proporcionar mi EPS”, menciona Juan David Murillo Hoyos, afiliado al régimen contributivo. La culpa de que ello ocurra parece ser la misma demanda generada por la extensión de la cobertura y los casos de corrupción .
“No existen estudios que demuestren un mejoramiento significativo en acceso a servicios y eso se observa en las recurrentes quejas de los usuarios”, asegura Álvaro Cardona, exdecano de la Facultad de Salud Pública de la U. de A.
Sobre el asunto, Restrepo Zea plantea que, quizás, la principal dificultad está en pedirle al sistema más de lo que puede dar, sobre todo en lo que fue catalogado como “No POS”. Pese a ello, investigaciones han demostrado que la mayoría de los servicios que se reclamaban vía tutela, sí eran del POS.
