Acusado porque supuestamente impulsó, en 2013, la adquisición de cuatro lotes "inútiles, sobrevalorados" y de origen oscuro en Medellín, como los calificó el alcalde de esta capital, Aníbal Gaviria, luego de la denuncia hecha por su antecesor, Alonso Salazar, al exsecretario de Infraestructura José Diego Gallo le resultó ahora otro cuestionamiento con una negociación de terrenos durante su gestión como mandatario envigadeño entre 2008 y 2011.
El grupo de ciudadanos que integra el colectivo ambiental Túnel Verde aseguró que en 2008 Gallo le desembolsó a la Dirección Nacional de Estupefacientes $5.880 millones por la finca El Pomar, ubicada en el sector de Cumbres, cerca a la loma de El Escobero, predio que desde 2004 estaba asignado en comodato a la Administración, y donde funcionaban algunos proyectos de desarrollo social.
Y aunque el exalcalde Gallo, denuncia el colectivo, había prometido conservarla como reserva natural, en 2010 ordenó una licitación para su venta, que finalmente se concretó en $31.755 millones, pero para un propósito distinto: la construcción de un complejo residencial, el cual fue ejecutado por los ganadores de ese proceso, que estuvo ajustado a lo que dictan las normas: Bienes y Bienes y Comfenalco.
Informes de la Alcaldía dan cuenta de 116 árboles talados, con una compensación de 2.020 siembras nuevas.
"La negociación avanzó rápido y nadie pudo impedir la enajenación de un predio público destinado al servicio de la comunidad. Este era un bien inmueble cedido por Estupefacientes al municipio como suelo para protección con funciones ecológicas y sociales, fue una transacción también oscura, salpicada de fuertes cuestionamientos por parte de la ciudadanía y miembros del Concejo de Envigado", refuerza su lamento el colectivo Túnel Verde.
Gallo ofreció explicaciones
José Diego Gallo informó que antes de adquirir la finca, insistió a la Presidencia para que se la regalaran al municipio y así conservar un pulmón verde, pero por razones legales no fue posible. Dijo que ordenó la compra para evitar que quedara en propiedad de privados, aunque paradójicamente dos años después la vendió para su urbanización.
¿Por qué? "Tarde o temprano ese bien iba a ser privado, así que decidí comprarlo, aprovechando un descuento que nos daba el Gobierno, y luego venderlo para invertir la diferencia ($25.875 millones) en proyectos sociales", recalcó el exfuncionario.
Ese dinero, explicó Gallo, se utilizó en pagar los intereses de la deuda adquirida por la finca; construir viviendas para empleados municipales, proyectos de interés social, las estaciones de bomberos y de Policía; ayudas económicas para educación superior; renovar el Polideportivo, remodelar las sedes del Icbf y la Casa de Justicia en El Salado, y subsidios para mejoramientos de viviendas.
La Contraloría de Envigado, previa consulta que este diario le realizó, reportó que por estas transacciones no ha habido procesos abiertos en la entidad, ni hallazgos fiscales que comprometan a aquellos que intervinieron
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