La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación que se adelantaba en una Fiscalía de Derechos Humanos y DIH contra el ex representante a la Cámara y diputado de Antioquia, César Pérez García, por la masacre de Segovia.
El anuncio hecho por el alto tribunal se da a raíz de la masacre ocurrida en esa población antioqueña, el 11 de noviembre de 1988, en la que fueron asesinadas en un bar 43 personas.
Con esta decisión, el alto tribunal establece la diferencia que existe entre delitos de lesa humanidad y genocidio. "La decisión de la Sala Penal interpreta y aplica los tratados internacionales (...) de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en Colombia" como masacres, precisó la Corte en un comunicado.
La decisión fue la primera en la que el máximo tribunal del país asume una investigación por un caso que ya había prescrito y con ello se traza una nueva jurisprudencia. En Colombia, el homicidio prescribe a los 20 años.
Una de las pruebas en contra de Pérez García para abrir la averiguación fue el testimonio del paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias "Vladimir", quien dijo a las autoridades que la masacre de Segovia fue perpetrada por paramilitares como retaliación por la pérdida del poder político ante la Unión Patriótica (UP) en Segovia.
En las elecciones de alcaldes de marzo de 1988 en el municipio de Segovia, la UP venció sobre el movimiento liberal de César Pérez. El ex congresista Pérez fue investigado por la masacre, pero al final nunca se le acusó. En el hecho también participaron algunos miembros del Ejército, dos de los cuales ya fueron condenados.
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