El Congreso de Bolivia, dominado por el partido del presidente indigenista Evo Morales, desoyó la petición de grupos étnicos sobre la nueva ley de Régimen Electoral y la aprobó esta madrugada sin los aportes que exigían, informaron medios locales.
Los indígenas de Bolivia pedían al Gobierno de Morales, de etnia aimara, que actuara para que se aumentaran de 7 a 18 los escaños que tendrían reservados los pueblos originarios en el texto de la ley.
Además, solicitaban la garantía de una autonomía plena para sus territorios y que las consultas a las poblaciones indígenas sobre proyectos relativos a la explotación de recursos naturales en sus zonas sean vinculantes.
Para reivindicar eso, el viernes por la noche los legisladores de grupos étnicos que ganaron sus escaños en las elecciones generales de diciembre pasado por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) iniciaron una huelga de hambre, que levantaron esta madrugada tras la aprobación del texto.
Peticiones
Esta ley es una de las cinco normas claves que deben estar en vigor antes del 22 de julio próximo para respaldar la aplicación de la Constitución Política del Estado vigente desde el 2009, y se prevé que el presidente Morales la promulgue en las próximas horas.
El diputado Pedro Nuni, representante de los pueblos amazónicos, dijo a Efe que las agrupaciones indígenas estudiarán nuevas medidas de protesta contra la decisión.
Entre ellas, la casi segura participación en la marcha de 1.400 kilómetros hasta La Paz que medio millar de indígenas del oriente de Bolivia están realizando desde la semana pasada para reclamar mayores competencias y recursos económicos para las autonomías indígenas.
Además, se baraja la posibilidad que los indígenas del Altiplano boliviano, bajo el liderazgo de la Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), inicien un cerco a La Paz como medida de protesta.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, calificó el sábado de "injustas, discriminatorias, atentatorias a la Constitución y no están en la línea correcta" las demandas, y advirtió que el Gobierno no aceptará que "indígenas discriminen a indígenas".
El Gobierno de Morales culpa a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y a algunas organizaciones no gubernamentales financiadas por entidades norteamericanas y europeas de promover la ruptura entre los pueblos originarios y el Ejecutivo, y el propio mandatario amenazó con expulsarla del país.
