La permanencia de seis buques de guerra colombianos en las aguas que la Corte Internacional de Justicia le otorgó a Nicaragua provocó reacciones en el Ejército de ese país, al afirmar que ellos también están en capacidad de "llegar hasta los límites" y advirtieron que "si aún se encuentran fragatas colombianas en el territorio que ahora le pertenece a Nicaragua, Colombia las tiene que retirar".
Así lo sostuvo el general Julio César Avilés, comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, citado por El Nuevo Diario de Managua, quien indicó que su presencia en la zona se ha ganado "con el debido cuidado".
Entre tanto, en Colombia, la canciller María Ángela Holguín inició una ofensiva jurídica en la que solicitará la ayuda y asesoría de los gobiernos de Costa Rica, Panamá, Jamaica y Estados Unidos y enviará una carta de reclamación "con los vacíos jurídicos del fallo" al Secretario General de la ONU.
El Gobierno tampoco descarta la posibilidad de retirarse del Pacto de Bogotá, instrumento mediante el cual reconoció en 1948 la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia que el lunes fijó nuevos límites marítimos con Nicaragua.
El expresidente Álvaro Uribe, quien pidió no acatar el fallo, anunció que este fin de semana viajará a San Andrés para solidarizarse con la población.
La defensa colombiana
Proteger a todos los pescadores y embarcaciones que han hecho presencia en los cayos fue una de las tres instrucciones presidenciales que recibió el comandante de la Armada de Colombia, almirante Roberto García Márquez.
Las otras dos directrices fueron mantener la soberanía sobre los mares que Colombia ha tenido en los últimos 200 años y continuar con todas las operaciones que tradicionalmente se han adelantado en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el área.
En este momento, en el mar Caribe "hay toda una cobertura con buques de superficie", dijo el comandante García Márquez, citado por Colprensa, al tiempo que invitó a los pescadores sanandresanos y de otras regiones a que "salgan a hacer su trabajo tranquilamente como lo han hecho toda la vida porque estarán protegidos por la Armada".
De esta forma, se confirmó la presencia y permanencia de unidades de guardacostas, de la Fuerza Aérea Colombiana y unidades de infantería de marina en la zona.
"Es nuestro deber constitucional proteger a todos los colombianos, lo que siempre hemos hecho por más de 200 años", indicó el almirante García Márquez luego de recordar que "todos los días realizamos operaciones, hay una enorme cobertura de área marítima de altamar, no dejaremos nunca de efectuar tránsito y control. Estos trabajos tradicionales de la Armada Nacional se extenderán en el tiempo".
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón le dijo a Colprensa que "los buques están en aguas nuestras ejerciendo soberanía".
El funcionario informó que los buques de guerra ARC Antioquia, ARC Caldas, ARC Cartagena de Indias, ARC 11 de Noviembre, ARC San Andrés y ARC Providencia están fondeados en los cayos de San Andrés.
¿Qué tan pertinente es?
Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, dijo que la presencia militar de Colombia en la zona que la CIJ le otorgó a Nicaragua "es un error ya que puede ser mal interpretado por ese país".
Sostuvo que también hay un error de los jefes de la fuerza de Nicaragua que respondieron de una manera que no está a la altura de las circunstancias.
"No me parece pertinente la presencia de estos buques de guerra porque puede ser interpretado en Nicaragua como provocación o, lo que es peor, como una forma de desacato", sostuvo el profesor Jaramillo, subrayando que hay otras formas de ejercer soberanía y de expresar descontento, que no sean las militares.
Miguel Silva Moyano, profesor de Ciencias Políticas de la UPB, explicó que la presencia militar en el meridiano 82° es "un acto tardío" y de "improvisación del Gobierno".
Para el profesor Silva Moyano lo que busca el Gobierno de Colombia es utilizar la "disuasión militar" para evitar que Nicaragua tome posesión del territorio que les fue reconocido por la Corte Internacional de Justicia y no descartó que Nicaragua acuda ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por este hecho.
Varios gobiernos se equivocaron
Luis Guillermo Patiño
Director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB.
“Los gobiernos de Pastrana, de alguna manera el de Uribe y el de Santos se equivocaron. Pero en términos generales faltó mayor capacidad de defensa del Estado colombiano, no solo a estos gobiernos.
El gran problema de Colombia es que no se tuvo una política de Estado fuerte para defender una parte integral del territorio nacional, nos faltó solidez y todos los gobiernos pudieron hacer más.
El error más grave fue el del gobierno de Andrés Pastrana de haber aceptado la jurisdicción de la Corte teniendo nosotros títulos históricos, soberanía y posesión sobre ese territorio.
Además, se puso en cuestión un tratado como el Esguerra-Bárcenas de 1928,que favorecía a Colombia. Eso no lo hace ningún gobierno serio.
En 2007, la Corte dice que San Andrés y Providencia son de Colombia, pero abrió la posibilidad para legitimar áreas marinas. Ahí debió haber sido más fuerte el gobierno de Álvaro Uribe.
Al gobierno Santos le toca el final del problema. Hay un error garrafal, el 25 de abril de este año, cuando la canciller María Ángela Holguín, casi que admite que Colombia puede perder territorio y habla de una decisión salomónica. Sin saber nada dice que se va a aceptar cualquier fallo. ¿Se imagina a 15 magistrados de un tribunal internacional escuchando decir a la mayor representante de la política exterior de Colombia que está aceptando que va a perder?”
No se debió ir ante la haya
Juan David Escobar
Director del Centro de Estudios Estratégicos de Eafit.
“La decisión importante que se tenía que tomar era si Colombia iba o no iba a la Corte Internacional de Justicia. Un asesor del gobierno de Andrés Pastrana recomendó que no se fuera pero igual se decidió ir a La Haya. De ahí en adelante los otros gobiernos quedan maniatados porque si ya se inició el proceso no se puede salir.
Hay ciertas cosas que no se deben negociar. Ni siquiera una persona que no tenga experiencia en tema de derecho internacional sabe que sostener la frontera en el meridiano 82 era imposible.
El hecho de que se hayan cometido torpezas en el camino con situaciones como la de la canciller (María Ángela Holguín) que dijo cosas que no debería, eso es otra cosa. No creo que el haber hablado de un “fallo salomónico” sea determinante. Eso no cambia nada porque hay que entender que la Corte funciona así y vive de procesos de negociación. Por eso, es muy difícil pensar que va a tomar decisiones en las que favorece a uno y a otro lo deja tirado.
Si se crea el precedente internacional de que la Corte deja a un Estado sin nada, entonces la gente pensaría que no acude porque tendría posibilidades de perder todo.
Ahora se habla de que Colombia se podría retirar del Pacto de Bogotá pero no es hora de pensar en eso. Si los cayos y esas aguas eran tan importantes, la decisión era no negociar porque se iba a perder algo”.
La defensa no tocó el tema ambiental
Fady Ortiz
Abogado constitucionalista con maestría en Estudios del Caribe.
“El error del equipo defensor de Colombia ante La Haya tuvo que ver con no haber tocado un tema tan sensible como el ambiental y los derechos de los raizales. El fallo la Corte dice que no se presentaron circunstancias especiales en torno a los recursos naturales que ameritaran un análisis especial de la Corte.
Se obvió por parte de la defensa colombiana la condición de reserva de biosfera, la unidad territorial entre las islas, cayos e islotes, además de los recursos naturales y las especies protegidas. No se tuvo en cuenta la existencia del pueblo raizal protegido tanto por la reserva de biósfera como por el derecho internacional de los derechos humanos, el Convenio 169 de OIT y la Constitución del 91, y que devenga su sustento y seguridad alimentaria de la explotación de los recursos pesqueros.
El Estado se concentró en encontrar pruebas de títulos de la corona española y no consideró que el pueblo raizal se adhirió voluntariamente a la Constitución de Cúcuta de 1822 con todo un territorio que hoy lo vemos fragmentado.
Son cerca de 200 años de soberanía sobre este territorio que ha quedado dividido en dos Estados. Tanto el pueblo raizal como la reserva mundial de biosfera Seaflower quedan en la mitad de dos Estados.
Estaríamos hablando de un grupo étnico como los wayuú o los embera, pueblos binacionales, pero con derechos en ambos Estados a la libre circulación y a la explotación de los recursos.
Ahora que se habla de acatar o no el fallo, traería consecuencias negativas para el pueblo raizal que se vería afectado por un enfrentamiento por la vía armada en caso de hacer valer su derecho a la explotación de esos recursos pesqueros”.
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