Está bien que en un país santanderista como Colombia se haga el debate sobre si se acepta o no el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que despoja al país de una buena extensión de su mar territorial.
Está bien que se desempolven 200 años de historia y demás Tratados que le garantizan a la nación la posesión de islas, cayos y aguas. Y que se pongan sobre la mesa de juego, todas las tesis jurídicas para evaluar si la sentencia es inejecutable por ir en contravía del artículo 101 de nuestra Constitución.
Está bien que en la defensa -aún en las vacilantes de la Canciller Holguín- se invoque que "la doctrina universal enseña que cuando una sentencia es notoriamente antijurídica o manda realizar un ilícito, resulta materialmente imposible de ejecutar". Y en consecuencia "tal sentencia no es obligatoria, es inejecutable".
Lo que sí nos parece inaceptable, es la posición de la Canciller y algunos de sus antecesores cuando intentan escurrirle el bulto a sus responsabilidades, sentenciando que "no es el momento de buscar culpables y cabezas".
Es cierto aquello de que a ojo sacado no hay santa Lucía que valga. Pero el país no puede seguir embozalado, sin hacer juicios de responsabilidad a quienes juegan insensatamente -por ingenuidad o por ignorancia- con su suerte. O que incurren en faltas -por acción, imprevisión, u omisión- en el manejo de sus recursos o en el descuido para velar sobre su soberanía.
Máxime cuando había advertencias claras y oportunas de expertos tratadistas de derecho internacional que, con sólidos argumentos, señalaron los peligros de entregar a una Corte, tan lejana y extraña, los derechos consagrados de Colombia en esa extensa área caribeña.
No es gimiendo y pregonando de que hay "dolor de patria" por el despojo, como se enmiendan los problemas causados por tan extensa cadena de errores y de inadvertencias. Es señalando ante la opinión publica a los autores de los desatinos para que la impunidad no siga destrozando el riguroso cumplimiento de los códigos éticos y jurídicos.
Que la corte de La Haya incurrió en equivocaciones, seguramente es cierto. Pero sí que lo es, que a Colombia le faltaron argumentos y destrezas -los mismos que abundaban para no someterse al juicio de aquella- en la defensa de sus razones jurídicas. Fue una cadena de equivocaciones y de vergüenzas.
Ahora, ante la debacle, se buscan resquicios para darles absoluciones a los responsables de semejante serie de disparates. Se intenta con la astucia o el derecho, no solo proteger la mancillada integridad nacional, sino a los improvisadores que no previeron -contra toda evidencia y tradición- lo que sucedería en tan lejanas como exóticas tierras. Tierras en donde poco importa que nuestra fauna marina sea arrasada en punible ayuntamiento entre el autócrata nicaragüense y las multinacionales. Y que mira este pleito como ramplona rabulería de dos naciones tercermundistas.
Mientras la cadena de gobiernos responsables del desastre quieren lavarse las manos con cara de "yo no fui", la canciller Holguín, atolondrada por el golpe repite y repite que "el gobierno está revisando todas las opciones posibles", olvidando aquello de que sentencia de garitero, apelación a los infiernos.
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