El Gobierno de Estados Unidos certificó que su homólogo de Colombia respeta en general los derechos humanos, aunque pidió un mayor esfuerzo para combatir los "falsos positivos" y las interceptaciones telefónicas ilegales.
El portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, indicó en un comunicado que con esta "certificación", el Congreso de ese país puede liberar los fondos restantes del año fiscal 2009, unos 32 millones de dólares, destinados a asistir a las Fuerzas Armadas de Colombia.
"No hay duda de que tiene que haber mejoras en ciertas áreas; sin embargo, el Gobierno colombiano ha hecho esfuerzos significativos para incrementar la seguridad de su pueblo y para promover el respeto a los derechos humanos por parte de sus Fuerzas Armadas", dijo Kelly.
Agregó que "años de reformas y capacitación" están conduciendo a un mayor respeto y entendimiento de los derechos humanos por "la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas".
Además, dijo, la Fiscalía ha registrado "avances significativos" en la investigación y procesamiento judicial de abusos de derechos humanos.
Citó como ejemplos que en el último año, la Fiscalía arrestó a varios generales implicados en esos casos, y presentó cargos contra cinco miembros de un batallón del Ejército por actuar junto a paramilitares y por el homicidio de 20 civiles.
La Fiscalía también procesó a siete soldados por el asesinato de un miembro de la comunidad de San José de Apartadó, y presentó cargos contra otros diez por la masacre, en 2005, de ocho miembros de esa comunidad.
Al conocer la certificación, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, aseguró que la misma refleja el ambiente favorable que hay en Estados Unidos, sobre los avances de Colombia en el respeto y garantía de las normas humanitarias: "mucha gente decía que los demócratas jamás iban a certificar a Colombia en derechos humanos y resulta que el Gobierno del presidente Obama coincide en que hemos hecho grandes avances y muchas mejorías", dijo Silva.
Situaciones inquietantes
Kelly advirtió que Colombia sigue afrontando varios retos "inquietantes": la revelación de asesinatos extrajudiciales "son prueba de que las extensas reformas de las Fuerzas Armadas no se han aplicado plenamente".
El comunicado hizo notar que tanto los militares como la Fiscalía tomaron acciones de inmediato después de que en 2008 se conociera que varios jóvenes fueron asesinados por uniformados que los hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate. Por los "falsos positivos", han sido expulsados 51 miembros de las Fuerzas Armadas y se investiga a 75 soldados.
El Departamento de Estado también catalogó de "problemáticas" e "inaceptables" las denuncias sobre las interceptaciones ilegales que se han realizado desde el DAS. Instó al Gobierno a hacer "una investigación amplia, rigurosa e independiente, para hallar a los responsables ".
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
