Llamamos a la condena ciudadana general, unánime, frente al hallazgo de inmuebles en el Puerto de Buenaventura que, según la Fiscalía y la misma Diócesis del municipio, sirven como centros de tortura y asesinato de personas con métodos de descuartizamiento.
Se advierte la grave enfermedad individual y social de los grupos armados ilegales que tienen el control de esos verdugos y de esas viviendas.
Es espantoso que estas cosas ocurran de nuevo en el país y exigimos, en nombre de la humanidad y de los habitantes del Puerto, que las autoridades intervengan en el acto.
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