En días pasados asistí a una presentación convocada por la Cámara de Comercio de Medellín, con la asistencia del presidente Santos, con el ostentoso nombre: Cuarta Generación de Concesiones: Modernidad, Desarrollo y Empleo para los Colombianos. Allí se dijo que integraban este proyecto 47 concesiones distribuidas por toda Colombia y presupuestadas en cincuenta billones de pesos. De estos, figuraban para Antioquia y Eje Cafetero unos $14 billones, para nueve concesiones.
En la citada reunión se informó que los estudios presentados por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- para licitar estas concesiones, habían recibido en Londres el premio otorgado por World Finance, por ser el “Negocio del año en la Financiación de Proyectos”.
Las cinco concesiones ya por adjudicar en Antioquia son: Porcecito-Puerto Berrío, 150 km; Remedios-Zaragosa-Caucasia, 146 km; Pacífico 1, Ancón Sur-Bolombolo, 46 km; Pacífico 2, Bolombolo-La Pintada 41 km y rehabilitación Pintada-Alto Minas-Primavera 54 km; Pacífico 3, La Pintada-La Felisa-Irra-Tres Puertas 232 km. Total, 619 km. Se iniciarían en enero de 2015, poco más o menos.
Entiendo que la construcción se dividirá entre unos 9 contratistas, a los cuales no les entregarán anticipos, razón por la cual estarán muy interesados -en opinión del Gobierno- en concluir rápidamente sus tramos para comenzar a recaudar peajes y a recibir dineros del Estado. Y aquí surge el primer escollo, estos tramos fueron subdivididos en 14 Unidades Funcionales con el propósito de poderlos adjudicar a diferentes subcontratistas. Esto permite prever dificultades en la terminación simultánea para el cobro de los peajes y encarece la financiación.
La financiación a cargo del constructor durante la ejecución del contrato, también se ha censurado, porque se afirma que esta exigencia entraña un sesgo contra las firmas nacionales que no disponen de tan cuantiosos recursos. El Gobierno responde diciendo que los consorcios extranjeros que les abran las puertas a los colombianos en sus propuestas recibirán un mayor puntaje para la adjudicación.
El Congreso acaba de aprobar la Ley de Infraestructura para facilitar la adquisición de predios, el trámite de las licencias ambientales, los conflictos con los servicios públicos y los permisos mineros y las absurdas consultas a las comunidades afectadas. Ojalá sí facilite ella la construcción de obras de infraestructura, porque sería la primera ley blindada contra los leguleyos y los jueces corruptos para evitar que suspendan obras de interés general.
Quiera el Cielo que no se repita la tragedia de los nueve kilómetros del tramo Ancón-Primavera, iniciados hace ocho años, los cuales aún están sin terminar y figuran entre los $14 billones aludidos, y batirán todos los registros mundiales de ineficiencia, un kilómetro por año. Por analogía, tardaríamos 619 años con las Autopistas de la Prosperidad.
